'Sería una sorpresa que Obama no ganara'

Hasta pasada la una de la madrugada no empezarán los primeros datos de los Estados que antes van cerrando las urnas y hasta las cuatro o las cinco de la mañana no se espera que aparezcan los candidatos a celebrar su victoria o reconocer la de su adversario. El señor Romney lo tiene muy cuesta arriba porque las encuestas, que a veces se equivocan pero en Estados Unidos casi siempre aciertan, le dan a Obama la ventaja necesaria para ganar el tanteo de los votos electorales, los representantes de los Estados que, como sabemos, son los que, en realidad, eligen presidente. Romney ha hecho una campaña meritoria, en la que ido recortando distancia, pero sólo puntualmente ha logrado colocarse algún día en cabeza.

Enfrente tiene a un peso pesado de la política de todos los tiempos, un dirigente sólido, con más fondo y más sustancia de lo que le atribuyeron hace cuatro años sus críticos, que ha demostrado ser algo más que un buen lector de teleprompter o un buen recitador de eslóganes brillantes. Ha defraudado algunas expectativas (no lo niega ni siquiera él--, ha estado menos a la izquierda de lo que sus fans más escorados le demandaban, no ha sido todo lo revolucionario que su campaña de 2008 hacía pensar (el “cambio” resultó que no era tanto), pero ha obtenido resultados económicos aceptables (partiendo de la situación agónica de finales de aquel año, con Lehman Brothers despeñado y el terremoto financiero en marcha), ha conservado buena parte de su célebre carisma y se ha consagrado como jefe militar (commander in chief) presentado a los americanos, en sentido figurado, la cabeza de Bin Laden. No es un presidente fácil de batir en las presidenciales. Por eso sería una gran sorpresa que esta próxima madrugada le tocara a Obama hacer el concession speech, el discurso de reconocimiento de la victoria ajena que precede siempre a la intervención triunfal de quien ha ganado la presidencia. Es más fácil para los republicanos batir a Obama en las elecciones al Congreso: la cámara de

representantes será, a decir de los sondeos, mayoritariamente republicana y el Senado, un tercio del cual se renueva, seguirá siéndolo. Pero eso también habrá que esperar a mañana por la mañana para saberlo. Dices: pues anda que no queda. Bueno, paciencia. Más ha tardado el Constitucional en resolver que el matrimonio homosexual encaja perfectamente en nuestra Carta Magna. Siete años para fijar doctrina sobre un asunto aparentemente tan simple, ¿no? ¿Dice la Constitución que el matrimonio sólo pueden contraerlo un hombre y una mujer, el uno con el otro? A ese clavo se agarró el Partido Popular para recurrir ante el Tribunal aquella ley de Zapatero, en que era la Constitución la que decía que el matrimonio sólo cabe entre personas de distinto sexo. También podrían haber reclamado entonces un cambio de la Constitución para hacer constitucional aquello que les parecía que no lo era, pero optaron por combatir una norma que no les gustaba por la vía de un recurso que el tiempo (antes incluso que los magistrados) ha demostrado erróneo.

Y cuando habla el TC, queda asentada la doctrina que luego los jueces pueden invocar en sus autos y sentencias como aval de las decisiones que toman. Un juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita al Constitucional para recordar que no se requiere prueba plena de que una persona ha cometido un delito para adoptar medidas cautelares con vistas a garantizar que ese delito sea castigado. Es decir, que basta que existan indicios sólidos de ese delito para que se adopten las cautelares. Y el juez Moreno lo menciona para imponer él esas medidas cautelares sobre cinco ex directivos de Nova Caixa Galicia, la fusión de las cajas gallegas que fue embrión de lo que hoy es, con directivos distintos, el NovaGaliciaBanco. ¿Quiénes son estos cinco directivos? Pues los ejecutivos principales de una de las dos cajas que se fusionaron, CaixaNova, y uno más que venía de la otra, CaixaGalicia. A saber, los señores García de Paredes, Pego, Rdguez Estrada y Gorriarán Laza. Más el superior jerárquico de todos ellos, el hombre que dirigió durante años y años la Caja de Vigo, Julio Fernández Gayoso, sin cuya bendición, dice el juez, habría sido imposible que los otros cuatro hicieran lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Pues verán. Ellos eran directivos de una de las dos cajas que se iban a fusionar. Y como temían que, fruto de esa fusión, su puesto peligrara, decidieron arreglarse la vida antes por si acaso. Se mejoraron los contratos y se aprobaron a sí mismos unas buenas prejubilaciones. El Consejo de la nueva Caja, NovaCaixaGalicia, ratificó aquellos contratos, pero lo hizo, según sostiene el juez en su auto, ignorando que estos directivos habían hechos unas modificaciones sustanciosas a sus condiciones contractuales. Total, que los presuntos delitos que percibe el juez son administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. O traducido, que manejaron de manera desleal el dinero de la Caja (de los impositores), sabiendo además de su situación apurada, se embolsaron cantidades que no les corespondían y engañaron al Consejo de Administración de la nueva entidad fruto de la fusión. Y es aquí donde el juez establece las medidas cautelares: fianza por la posible responsabilidad civil. Traduciendo de nuevo: que por si acaso a los imputados se les ocurriera hacer ingeniería financiera para poder declararse, en caso de juicio y condena, insolventes, se les obliga a garantizar ahora esas cantidades que, llegado el caso, tendría que aportar (o reembolsar). Sumando lo de cada uno salen diez millones y medio de euros. Misma cantidad de la que tendrá que hacerse responsable Gayoso por si algún día fuera condenado por deslealtad, apropiación y falsedad. Cuando Fernández Gayoso compareció en la comisión de Economía del Congreso para contar su versión sobre lo ocurrido en las cajas gallegas se negó a hablar de las prejubilaciones con el argumento de que no conduce a nada remover el pasado. La justicia lo ve de otra manera. Escarbar en lo que pasó, y en el comportamiento de quienes estaban en la dirección de esas entidades semi públicas, conduce a establecer quién obró correctamente y quién abusó de su posición incurriendo, en el más grave de los supuestos, en comportamiento delictivos. De la ética mejor ni hablamos.