Rajoy, hoy presidente tras cuatro años de epílogo del aznarismo y otro cuatro de edificación mariana; Mayor Oreja, hoy en dique seco y prejubilado por voluntad más ajena que propia; y Rodrigo Rato, hoy reuniendo avales para evitar, mañana, ser embargado y habiendo sido inducido a autosuspenderse temporalmente de militancia.
A aquellos tres mosqueteros que aspiraban a delfinato, una cadena de radio de cuyo nombre prefiero no acordarme, añadió, la tarde del 30 de agosto de 2003, el nombre de un Dartagnan presuntamente tapado: Acebes Paniagua, de nombre Ángel. Según aquella cadena (autora de una de las pifias, o patinazos, más sonados de la España reciente, y que no fue el último) iba a ser Acebes, el muy leal y muy querido Ángel, quien recibiera de Aznar la encomienda de sucederle. Mira tú por dónde. Nunca estuvo, en realidad, en el ánimo de Aznar semejante cosa -los caballos en carrera siempre fueron tres y sólo tres- pero habiendo sido hombre de la plena confianza del líder -el hombre al que Aznar dejó a cargo del partido cuando empezó a gobernar en 1996 como coordinador general de los populares- alguien le coló a la cadena aquella mercancía tan averiada.
Como se sabe, Acebes no heredó a Aznar; pero, como también se sabe, Rajoy sí heredó a Acebes. O así reescribiría los hechos el nuevo líder, cuatro años después, cuando triunfante de su congreso de Valencia y habiendo aupado a sus dos lugartenientes (lugartenientas) Cospedal y Soraya, comentó en sus conversaciones privadas que tanto Acebes como Zaplana (amortizados) habían sido un peaje que él hubo de pagar cuando asumió el trono, lo que hoy, tal vez, llamaría herencia recibida.
Rajoy mantuvo sus cuatro primeros años de oposición a Zaplana de portavoz parlamentario -cuánto contribuyeron él y José Blanco al destructivo deporte de deningrar al adversario político- y a Ángel Acebes como secretario general del partido. De hecho, Acebes sucedió en ese puesto a Mariano Rajoy, elevado en 2004 a presidente del partido.
Los hechos que el juez Ruz narra en su auto de imputación de Ángel Acebes –caso papeles de Bárcenas- se producen en esta época, finales de 2004, cuando siendo Acebes secretario general y Álvaro Lapuerta tesorero, el primero encomienda al segundo una tarea que tiene poco que ver con su condición de guardián de la caja. La tarea es encontrar inversores que quieran poner dinero en Libertad Digital, un medio digital bien visto (en aquel momento) por buena parte de la dirección popular. Quien le ha pedido ayuda a Acebes -échanos una mano, Ángel- es el presidente de ese medio, Alberto Recarte, hombre con buenos contactos (como se ve) en el partido que acabaría de consejero en Caja Madrid y con tarjeta chollo.
Recibida la petición de ayuda, Acebes pasa la pelota a Lapuerta para que haga colecta entre los donantes del partido. A unos los convence y a otros, de manera que al terminar de pasar la hucha aún falta dinero para cubrir la ampliación de capital del medio de comunicación afín. Y es ahí donde Lapuerta le propone a Acebes -siempre según el testimonio de Bárcenas, al que el juez da crédito- hacer un apaño: usa el dinero fantasma que tiene el partido, la caja B, para comprar acciones de Libertad Digital.
Pero como iba a quedar raro que fuera el partido quien comprara, y como el dinero no se podía justificar, se tira de testaferros. Las acciones las paga el PP de su caja B pero se ponen a nombre de personas concretas: a saber, el propio Lapuerta -140.000 euros- Rosalía Iglesias (esposa de Bárcenas) -y un empleado del partido llamado Yáñez. Y en efecto, en los certificados de aquella ampliación que el medio de comunicación aporta al juzgado constan estas tres personas como compradoras de participaciones y como si dinero fuera suyo.
El juez Ruz, que cita a declarar de nuevo a Lapuerta y convoca por primera vez a Acebes, con abogado, quiere preguntarles, de entrada, estas dos cosas: si accedieron a usar dinero negro del partido para financiar Libertad Digital, y si es posible que alguno de estos falsos compradores vendiera luego sus acciones pero se quedara él con el dinero (completando un interesante círculo que consiste en que el dinero de la caja B acaba en la buchaca de uno previo paso por un medio de comunicación).
Añade el juez en este mismo texto de hoy que el análisis de los ingresos en efectivo, procedentes de donantes anónimos, entre 2003 y 2007 permite concluir que existía la una metodología para burlar la ley de financiación. Dado que ésta admitía la existencia de donante anónimos pero con un tope de 60.000 euros anuales, se fraccionaban los ingresos para que un mismo donante pareciera cuatro o cinco. Lapuerta y Bárcenas, dice Ruz, recibían cantidades en efectivo de personas vinculadas al sector de la construcción, en su mayoría empresas adjudicatarias de contratos públicos. Ese dinero se metía en la caja B del PP y, para aflorarlo, se convertía en varias donaciones anónimas de menos de 60.000 euros. Tope burlada y financiación conseguida.
Ésta es la tesis del juez instructor que, en su día, habrá de avalar o tumbar el tribunal que juzgue (porque alguna vez llegará todo este caso a juicio). Menciona Ruz, y no es la primera vez que lo hace, que la citación del ex secretario general del PP, Acebes (28 de octubre a las once menos cuarto de la mañana), no anticipa, claro, la existencia de delito: la policía aporta información en la que el magistrado percibe indicios delictivos y procede a convocar al afectado sin concluir aún nada ni en un sentido ni en otro. Pero, a la vez, adelanta que son los propios estatutos del PP los que atribuyen al secretario general la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal.
El juez reproduce lo que dicen los estatutos del PP sobre las responsabilidades del secretario general y añade que la jurisprudencia del Supremo contempla la posibilidad de que exista apropiación indebida no sólo en quien la comete de facto, sino en quien, fruto de la autoridad que tiene, de su responsabilidad como vigilante, y pudiendo haberla evitado, por omisión -por no evitarla- la está consintiendo. Es decir, que cabe atribuir apropiación indebida a quien ha dejado hacer, sabiendo lo que pasaba, a los subordinados.
Trece días después de que un juez de la Audiencia Nacional, Andreu, imputara a Rodrigo Rato por el asunto de las tarjetas, otro juez de esa misma Audiencia, Ruz, imputa a Ángel Acebes por el caso Bárcenas. Entre los mosqueteros, cunden las bajas.
