Recurrir, no recurre, pero como ya tenía pensados todos los argumentos para hacerlo ha decidido ponerlos en un papel para mantener vivo este pulso jurídico, y personal, que mantiene con su antiguo amigo, y motero, el juez Castro. El sogatira que mantienen los dos juristas acabará apareciendo en los libros que se estudian en las facultades de Derecho: antología de grandes porfías. Eso, o que acabe pidiéndole el fiscal al juez una diligencia inédita: el careo entre el instructor y el fiscal, una buena disputa dialéctica en horario de prime time y moderada, claro, por Manuel Campo Vidal. Que Castro y Horrach mantienen un pulso, o pique, que va más allá de lo estrictamente jurídico es sobradamente conocido, pero que ambos afinan sus argumentos en los textos que firman (son gente profesional, oiga) también está fuera de duda. De ahí que esta vertiente a lo Spencer Tracy contra Frederic March en “La herencia del viento” sirva para aquellos interesados en ver cómo se sustentan las conclusiones enfrentadas a que llegan ambos tengan ahí material muy jugoso para entender este procedimiento.
El fiscal lo que ha hecho hoy es pedir que declaren en el juzgado, como testigos, los inspectores de Hacienda que han hecho los informes aportados a la causa, es decir, los autores de la indagación que sostiene que no cabe imputar un delito fiscal ni a la infanta y de cuya conclusión discrepa, como dejó claro, el juez Castro. Es decir, que el fiscal le está diciendo al juez: ya que usted ha sugerido que la Agencia Tributaria ha hecho un traje a la medida para exculpar a la infanta, tráigase aquí a los inspectores y dígaselo a la cara. (Bueno, esta es una traducción un poco macarra, lo que el fiscal dice es “llámeles para que se lo expliquen”). Añade el fiscal, así como quien no quiere la cosa, que los inspectores en su función de auxilio judicial dependen funcionalmente del propio juez y que ellos también deben tener la oportunidad de defenderse de las sospechas de intereses bastardos en su trabajo, o como dice el fiscal con toda intención, “la teoría conspiratoria en la que el propio juez ahora se apoya para imputar a la infanta”. Por si acaso el juez no atiende la petición, ya se ocupa el fiscal de explicarlo él. O de reiterar la explicación, porque es la misma que dio en su escrito anterior, aquel en el que fijaba su postura contraria a la imputación. Lo del “levantamiento del velo societario” que igual alguno de ustedes recuerda: si Aizoon era una empresa de pega para ocultar los ingresos personales de Urdangarín, tratémosla como tal cuento chino y veamos entonces cuánto dejó de pagar él, como contribuyente, no la sociedad que decimos que era una ilusión óptica.
Ojo, no están en desacuerdo en todo el juez y el fiscal. Coinciden, como hoy escribe Horrach, en que doña Cristina pagaba con la tarjeta de la sociedad gastos particulares y que era perfectamente consciente de que lo hacía. “Nadie discute eso”, dice el fiscal, pero en ese comportamiento no hay materia delictiva, eso no es un delito perseguible. También coincide el fiscal con el juez en que Aizoon nunca repartió dividendos entre sus dos socios, es decir, que nunca hubo formalmente traspaso de dinero de la sociedad a los socios, los duques, pero se camufló ese traspaso como gastos propios de la actividad empresarial, es decir, que cada vez que la infanta pagaba con la tarjeta de Aizoon estaba aportándose a sí misma un dinero que no aparece en su relación de ingresos personales. Pero ni eso está considerado delito ni el desfase entre lo que tributó y lo que debería haber tributado supera los 120.000 euros, luego no hay indicio de delito fiscal en ella, la infanta contribuyente (esto también lo anticipaba el juez de manera menos categórica).
El fiscal no recurre, pero de buena gana lo habría hecho. E igual esta es la parte que deja sin explicar: si tan claro tiene que la imputación está injustificada, presente recurso aunque la defensa no lo haga, por independencia de criterio y por ser consecuente con lo que dice. Porque lo que dice es que el juez se ha inventado una película que no está basada en hechos reales. En un momento del texto escribe el fiscal “hasta aquí lo manifestado por el instructor, ahora pasemos a la realidad”. Y en otro dice esto de la “teoría conspiratoria”, que es la forma coloquial de desacreditar un relato aludiendo a su falta de rigor y de base cierta. Cuando el fiscal Horrach presentó su escrito anterior evocamos aquí a otro fiscal, el norteamericano Vincent Bugliosi, el hombre que ha dedicado veinte años a rebatir lo que él entiende que son teorías conspirativas e infundadas (la conspiranoia) en torno al asesinato de Kennedy. Su afán es reivindicar la investigación oficial frente a aquellos que han sembrado sospechas sobre la misma dando por hecho que se manipuló para proteger a determinadas personalidades. Pedro Horrach no lleva aun veinte años con el caso Noos pero va camino de especializarse, como Bugliosi, en un único caso, camino de dedicar el resto de su vida a rebatir cada afirmación, en su opinión errónea, que contienen los autos de José Castro.
La porfía entre ambos, en todo caso, no cambia ya lo sustancial, que es que la infanta declarará el día ocho y, en función de lo que allí pase, el juez habrá de decidir si procede a acusarla formalmente de algo, en cuyo caso tendrán ocasión de nuevo todas las partes, fiscal incluido, de extenderse sobre las razones para hacerlo o dejarlo de hacer. Ya les dije que este intercambio argumental entre juez y fiscal es muy interesante para la facultad de Derecho; seguramente menos para la mayoría de la opinión pública, que hace tiempo que tiene emitida ya su propia sentencia. Lo que ha cuajado, correcto o no, en la mayoría de la sociedad es que la infanta es tan culpable como Iñaki de haber hecho dinero fácil a costa de su parentesco con el rey, que el aparato del Estado ha hecho lo que ha podido para evitar que tuviera que declarar, que el juez (que también es, por cierto, aparato del Estado) no se ha arrugado y que, al final, tiene que comparecer en el juzgado para ser interrogada. Ahora en algunos medios se intenta alimentar un debate adicional (bastante accesorio) sobre si debe entrar la infanta al juzgado por el garaje o por la puerta que da a la calle. Aquí el debate jurídico, menos mal, no existe. Entrará por donde ella prefiera. Como hizo el duque.
