Con la luz otro día en máximos (a 106 euros megawatio hora la estamos vendiendo hoy, señora); con la incidencia acumulada del coronavirus que sigue hacia arriba, como la hospitalización en Cataluña, 35 % ya de camas de UCI; y con los diputados del Congreso aprobando hoy la rebaja del IVA de la electricidad y el final de la obligación de llevar mascarilla en el exterior. Y usted dirá: ¿pero esto no lo aprobaron hace un mes? No, lo aprobó el gobierno. Por decreto, como lo hace todo. Pero ahora es el Congreso el que tiene que convalidarlo. Porque en España, aunque a veces se olvide, las leyes las hace el Parlamento, no el gobierno. El gobierno propone. El Parlamento dispone.
La ley de Memoria Democrática
A la vuelta de vacaciones llegará al Congreso la propuesta llamada ley de Memoria Democrática. Secuela de la ley de Memoria Histórica y, según explicó en su día la vicepresidenta (hoy caída) Carmen Calvo, ampliación de aquella en los aspectos en los que se quedó corta (o en los que, debido a la situación política de hace quince años, no parecía posible ir más allá). Por ejemplo, en la conversión del Valle de los Caídos en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Con exhumación incluida de José Antonio para que deje de ocupar un lugar preferente en la basílica.
Reconvertir el Valle en un memorial, como propuso la comisión de expertos aquella que reunió en su día Ramón Jáuregui; obligar a las administraciones a cooperar en la localización e identificación de los restos que aún permanecen en fosas comunes; y declarar contrario al interés general la exaltación del golpe del 36 o de la dictadura franquista, que es la vía que se pretende utilizar para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. (El aspecto más resbaladizo de esta ley es el que se refiere a la libertad de expresión, incluso para expresarse en favor del dictador, como señaló el Consejo del Poder Judicial).
"El PP tendrá que explicar qué aspectos de la ley de Memoria Democrática no comparte"
Anteayer anunció Casado que si alguna vez gobierna derogará la ley de memoria histórica y hará una suya.
A ver, ocurre, primero, que las leyes las derogan los Parlamentos, no los gobiernos. Si Casado alguna vez gobierna podrá impulsar las reformas legales que quiera, pero es el Parlamento el que dispone.
Y ocurre que la ley de memoria histórica, la de 2007, ya pudo haberla derogado el PP cuando gobernaba con mayoría absoluta y no lo hizo. Fue una de esas leyes que este partido combate con gran vehemencia cuando es oposición pero luego mantiene cuando gobierna. Si Casado alguna vez es presidente, ya se verá qué hace. Antes, en el debate parlamentario de esta nueva ley, lo que tendrá que explicar es qué aspectos de la norma no comparte. ¿Obligar a las administraciones a localizar y exhumar los restos de las fosas comunes? ¿Anular las sentencias de los juicios coartada que se celebraron mientras duró el estado de guerra, hasta el 48? ¿Convertir el Valle de los Caídos en un memorial de las víctimas de la represión? ¿Exhumar a José Antonio? En estos aspectos concretos, ¿Casado está a favor o en contra? En eso consiste la tramitación parlamentaria de una ley, en estudiar punto por punto y tomar postura.
Porque hace 19 años el PP no tenía problema en condenar la rebelión militar se entiende mal que Casado ande ahora esquivando una posición clara
A vueltas con el silencio de Casado cuando anteayer el señor Camuñas dijo, estando a su lado, que la rebelión militar del 36 no fue un golpe, Cuca Gamarra recordó ayer una declaración que se votó en el Congreso en 2002 y que su propio partido parecía tener olvidada. Debía de tenerla olvidada porque cada vez que se le ha reclamado en el Parlamento estos últimos años que condenara el franquismo ha sido incapaz de recordar que ya lo hizo. Fue el 20 de noviembre (20N) de 2002.
En rigor, lo que se condenaba no era la guerra civil, sino (leo) ‘la utilización de la violencia para imponer regímenes totalitarios’, frase que entonces se interpretó como una condena del golpe de Franco y Mola. Precisamente porque hace 19 años el PP no tenía problema en condenar la rebelión militar se entiende mal que Pablo Casado ande ahora esquivando una posición clara.
En aquella declaración unánime del Parlamento se reconocía el derecho de los represaliados por el franquismo a verse reparados moralmente; el derecho de los familiares de los muertos a recuperar sus restos; la obligación de los poderes públicos de poner los medios necesarios para recuperarlos; se instaba al gobierno a reconocer la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. Todo eso le parecía necesario al PP de 2002. Aunque en los debates posteriores, una vez que llegó al gobierno Zapatero, dio la impresión de haberlo borrado.
Se cerraron las heridas de las familias para las que suponía una afrenta que el responsable de la represión compartiera morada con las víctimas
A Franco lo exhumó el gobierno hace ya casi dos años. Hubo gran debate político al respecto. Bueno, más que gran debate, un debate sonoro, de frases campanudas y mucha exaltación impostada. La oposición dijo que sacar a Franco de su tumba reabría las heridas y sembraba la discordia entre los españoles. Dos años después, nadie se acuerda de nada. Franco está enterrado en otro sitio y no parece que los españoles tengamos ni más menos discordia que la que ya teníamos antes. Sobre ése y sobre casi cualquier asunto. Las heridas que se cerraron fueron las de las familias de los condenados para las que suponía una afrenta que el responsable supremo de la represión compartiera morada con las víctimas en una farsa conciliatoria.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial
El ministro Bolaños asume también una tarea que en el gobierno anterior tenía encomendada el ministro de Justicia (hoy caído) Juan Carlos Campo: negociar con el PP los nombres de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lleva apuntados los días del retraso como si fueran una condena.
Se corrige bien el ministro: lo que está bloqueada es la renovación, no el Consejo. El Consejo está a lo que el Parlamento le diga sobre su renovación. Y así lleva desde hace 959 días, eso es. Dos años y medio sin que se renueven los vocales y atado de manos para seguir haciendo su tarea de nombrar jueces y cubrir vacantes porque la mayoría gubernamental del Congreso se ocupó de reformar la ley para que bloquear (ahí sí), bloquear sus funciones.
Hay algo que ningún gobierno en España disimula, y que es asume él la negociación que le corresponde al Parlamento para confeccionar la lista de los nuevos vocales. En rigor, esto es cosa del Congreso y el Senado, no del poder ejecutivo. Pero como el grupo mayoritario del Parlamento no es más que una terminal de la Moncloa (ahora y antes), el ministro de turno ni pestañea cuando se atribuye la potestad de negociar y pactar nombres. Este sillón para ti, éste para mí.
La Comisión Europea critica que jueces y fiscales que han estado en primer línea política regresen a sus puestos sin siquiera guardar luto: Dolores Delgado y Juan Carlos Campo
Así como hay una historia interminable, que tiene música de Limal, hay una negociación interminable, que es ésta del Consejo. Con razón la Comisión Europea, sensible al funcionamiento del poder judicial en los distintos países, ha vuelto a recordarle a España que tiene este asunto pendiente. El gobierno se declara dispuesto a pactar hoy mismo. Casado no se cansa de decir que, por su parte, no hay bloqueo ninguno... siempre que Sánchez acepte reformar el sistema de elección para que los jueces elijan directamente a la mitad de los vocales. En eso, cada parte agarra el informe de la comisión europea por donde le conviene: tan cierto es que censura el retraso en la renovación ---y ahí es el PP el que la impide--- como que recomienda cambiar la forma de elegir vocales ---y ahí es el gobierno el que no está por la labor---.
Añade la Comisión Europea esta otra crítica a la situación en España:jueces y fiscales que han estado en la primera línea política regresan a sus puestos sin siquiera guardar luto. No cita nombres pero me vienen a la cabeza dos: la ministra de Justicia que pasó a ser, de un día para otro, fiscal general del Estado; y el ministro de Justicia que pasó a ser, de un día para otro, juez de la Audiencia Nacional. Es decir, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo.
