La transmisión de participaciones sociales mediante documento privado, sin intervención notarial ni inscripción pública, puede convertirse en una vía para ocultar la titularidad real, facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Así lo advirtió María Teresa Barea en "La Brújula", subrayando que este tipo de operaciones carecen de efectos legales frente a terceros y solo tienen validez entre las partes firmantes, lo que las hace especialmente problemáticas en tramas de corrupción.
El documento privado: sin validez frente a terceros y foco de opacidad
Barea explicó que el artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital exige que la transmisión de participaciones sociales conste en escritura pública ante notario. Si se realiza únicamente mediante documento privado, "esa transmisión carece completamente de efectos hacia fuera, hacia el tráfico, incluyendo entre los terceros a la propia mercantil cuyas participaciones se está pretendiendo transmitir". Es decir, aunque entre comprador y vendedor existan compromisos civiles, el nuevo supuesto socio no adquiere derechos ni puede participar en la sociedad.
La portavoz del Notariado remarcó que esta práctica "opaca el negocio jurídico y sobre todo, que no quede sujeto a los controles" legales y fiscales. La intervención notarial garantiza la legalidad, la inscripción en bases de datos públicas y el acceso de las autoridades a la información, lo que se evita deliberadamente con el uso de documentos privados.
Ocultación de la titularidad real y riesgos penales
Según Barea, el uso de documentos privados en la transmisión de participaciones "indudablemente convierte a ese documento privado en una vía fácil, en un coladero para evasión fiscal, blanqueo de capitales o el ocultamiento del verdadero dueño del negocio jurídico detrás de un testaferro". La falta de transparencia impide que la operación sea detectada por los mecanismos de control habituales, lo que reviste especial gravedad en el contexto de una investigación judicial por corrupción.
Además, si una de las partes niega la existencia o la autoría del documento, su validez queda en entredicho y la disputa debe dirimirse en los tribunales mediante peritajes y pruebas, a diferencia de lo que ocurre con una escritura pública, que tiene efectos probatorios y ejecutivos reforzados.
La entrevista en "La Brújula" evidencia cómo la utilización de documentos privados para transmitir participaciones sociales puede facilitar la ocultación patrimonial y obstaculizar la labor de la justicia y los organismos de control, especialmente en casos de corrupción política. La intervención notarial, según el Consejo General del Notariado, es la única garantía de transparencia y legalidad en este tipo de operaciones.
