Había algo casi tan previsible como la sentencia del Constitucional y era el choque institucional que se produciría. Helo aquí. No tardó ni 24 horas Salvador Illa en dirigirse al Supremo para, de una forma un tanto perifrástica, pedirle que hiciera una lectura extensiva de la amnistía y permitiera el regreso de Puigdemont cuanto antes.
Puigdemont responde con dureza al Supremo
El prófugo no ha sido tan sutil. Ha sido mucho más directo y ha inaugurado la nueva era de reconciliación en Cataluña con un discurso en el que llama prevaricadores a los jueces del Supremo.
Por si hay alguien que no ha atendido a la reacción de los beneficiarios directos de la amnistía, no han interpretado la sentencia del Constitucional como una forma de reencuentro, sino como la contrición del Estado por la represión injusta del procés y como una impugnación directa del Supremo que juzgó y sentenció por unanimidad los delitos del procés. Han hecho, en fin, la interpretación correcta, sin dejarse embaucar por las falsas intenciones de la exposición de motivos.
Si ayer Jordi Turull afirmaba que esto no zanja ningún conflicto, hoy Carles Puigdemont asegura que reduce el margen de prevaricación del Supremo.
El margen del Supremo y las opciones judiciales
¿Y por qué aún le concede un margen? Porque el Supremo aún tiene en su mano evitar que Puigdemont pase el verano en Cataluña sin temor a ser detenido. Primero, porque el Constitucional no ha entrado a estudiar si es posible el borrado del delito de malversación por el que Puigdemont aún está perseguido y, además, porque el Supremo incluso podría presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE.
Por fortuna, no es tan fácil que los políticos le borren los delitos a otros políticos a cambio de favores políticos. Así que se entiende la exasperación de Carles Puigdemont. Quizás ignore que Luxemburgo tiene aún que resolver cuatro cuestiones prejudiciales que podrían desbaratar el aval de la corte de garantías a la Ley de Amnistía. Quizás ignore que en el informe de la Comisión Europea se la describe como una autoamnistía, es decir, un acto antijurídico por el que el legislador se beneficia a sí mismo.
La amnistía no se percibe como reconciliación
Como es normal, nadie en el independentismo ha interpretado la amnistía como una reconciliación, sino más bien como la contrición del Estado y una suerte de impugnación del Supremo. La intervención de Puigdemont no ha sido demasiado sutil, precisamente. Ha acusado a los jueces que sentenciaron el procés de actuar al dictado de Felipe VI y, en consecuencia, de prevaricar, o sea, de dictar una sentencia injusta a sabiendas.
Lo que ahora viene es una impugnación constante del Supremo y luego, cuando se resuelva la situación procesal de Carles Puigdemont y pueda regresar a Cataluña, vendrá la siguiente reclamación, la que queda, que es el referéndum de independencia. Dirán que es una demanda perpetua del independentismo. Sí, pero ahora ni el Gobierno ni el Constitucional tienen la más mínima autoridad moral ni credibilidad para negar que, si son necesarios los votos de Junts, se concederá y se dirá que es perfectamente constitucional.
¿O es que acaso alguien creerá a Pedro Sánchez cuando afirma que nunca concederá un referéndum de independencia con los mismos argumentos con los que afirmó que nunca concedería una amnistía? Bastará con que en las próximas elecciones falten cinco o siete votos para investir a Sánchez para comprobarlo.
Estrategia de la defensa de Puigdemont
Ahora, tal y como les ha informado Onda Cero, la defensa de Puigdemont prepara una estrategia para acelerar los plazos para el regreso de Puigdemont. Como está contando Eva Llamazares: el abogado del líder de Junts per Catalunya, Gonzalo Boye, prepara un recurso de amparo ante el TC en el que solicitará que, de manera cautelar, quede anulada de forma inmediata la orden de detención dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Incluso baraja la petición de que la decisión se produzca de manera cuatelarísima, es decir, sin esperar a que se pronuncien las partes.
Esto permitiría al expresidente de la Generalitat regresar a España sin riesgo de ser detenido, aunque la decisión de fondo sobre si la malversación del procés está afectada por la Ley de la Amnistía se demore en el Tribunal Constitucional o incluso, posteriormente, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Reacciones políticas
Hoy el Partido Popular ha vuelto a señalar la inmoralidad de la ley de la amnistía y la impertinencia de esta sentencia del Constitucional, que sin embargo no tiene más remedio que acatar. Lo decía el portavoz Borja Sémper.
Y mientras tanto, en el Partido Socialista siguen contestando a la entrevista que ofreció Felipe González aquí en Más de Uno de Onda Cero. Hoy se ha adherido Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, a la reflexión que ayer hizo Patxi López, portavoz parlamentario. Felipe González, dice, ha comprado todo el argumentario de la derecha.
En cuanto a Diana Morant, habla como si al PSOE le sobraran los votos.
