Decenas de jueces y fiscales se han dado cita este sábado a las puertas del Tribunal Supremo para manifestarse en contra de la reforma legislativa que pretende llevar a cabo el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que modifica las condiciones para acceder a las dos carreras. El lema de la manifestación ha sido: "Sin Estado de derecho no hay democracia".
Durante las protestas, los portavoces de las distintas asociaciones convocantes -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- han leído un manifiesto en el que aseguran que su lucha "no es contra el Poder Ejecutivo" y tampoco "contra el Poder Legislativo, es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos".
Asimismo, los manifestantes han recordado que la Carta Magna de 1978 instauró en nuestro país el Estado de derecho basándose en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de "toda injerencia política", que es "clave para hablar de una democracia real".
De igual forma, los jueces y fiscales que se han manifestado entienden que los proyectos de reforma del Poder Judicial y Estatuto Fiscal "no responden a demanda social alguna" y se tramitan por procedimiento de urgencia "sin ninguna razón para ello". Desde su punto de vista, con estas reformas se va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, para dar paso a pruebas "más subjetivas y susceptibles de filtración".
Por último, han denunciado el intento del Ejecutivo de crear un centro de preparación de opositores que dependa directamente del Gobierno "con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país". Igualmente, han puesto de manifiesto que 1.000 jueces y fiscales sustitutos pasarán a serlo de facto tras acumular cinco años de experiencia, algo que va en contra de "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
