El Gobierno del pequeño estado de San Marino está valorando que las personas que se nieguen a ponerse la vacuna contra la covid-19, porque no quieran, tengan que pagar los costes de los tratamientos médicos en caso de que se infecten y necesiten asistencia hospitalaria.
De esta forma, no vacunarse contra la covid tendrá un coste económico en el país. La vacuna se administrará de forma gratuita y voluntaria entre la población.
De esta medida, quedarían excluidos aquellos que no puedan recibir el tratamiento debido a alergias u otros motivos sanitarios. San Marino mantiene una postura dura contra los antivacunas, hasta el punto de que los padres que no permiten que sus hijos reciban estos fármacos están obligados a contratar un seguro a terceros.
Los pocos más de 33.000 habitantes de San Marino sufrieron durante la primera ola de la pandemia, una de las incidencias de contagio más altas de toda Europa.
