Ceuta sigue inmersa en una crisis migratoria casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. Miles de migrantes permanecen en la ciudad, entre ellos numerosos menores no acompañados, mientras las autoridades trabajan en su identificación, acogida y posible retorno.
El Gobierno ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional y ha situado al ministro Ángel Víctor Torres al frente de un mando único. Además, España ha pedido a Bruselas el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE para reforzar el triaje y la tramitación de expedientes. También ha solicitado ampliar la operación Minerva de Frontex en los puertos de Ceuta, Algeciras y Tarifa más allá del 2 de septiembre.
La gestión de la crisis ha provocado varias jornadas de protestas ciudadanas, algunas de ellas con episodios de tensión, ante el rechazo al uso de instalaciones públicas para acoger a migrantes y la percepción de falta de soluciones. Este jueves la manifestación culminó con un asalto violento a las chabolas en las que se alojaban algunos migrantes a las que varias personas prendieron fuego y destrozaron para arrojar las escasas pertenencias de los migrantes al mar.
La situación ha generado además discrepancias dentro del Gobierno sobre la información disponible antes de la entrada masiva. Mientras Margarita Robles ha asegurado que el CNI detectó movimientos previos y compartió sus análisis, Fernando Grande-Marlaska sostiene que ningún servicio de información anticipó una llegada de las dimensiones que finalmente se produjo.



