Casi un mes después de la entrada de 80.000 migrantes de forma irregular en Ceuta, la situación allí sigue siendo crítica. Ante las recientes movilizaciones vecinales y los episodios de violencia, los representantes asociativos han alzado la voz para exigir a los ministerios de Interior y Defensa un marco jurídico claro y el respaldo necesario para garantizar el orden público y su propia integridad física.
Diego Madrazo (UGC) y el riesgo de un estallido social
El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (UGC), Diego Madrazo, ha alertado sobre la complicada situación nocturna y el ambiente tan tenso que se respira en las calles de Ceuta, con vecinos organizando cortes de vías y volcando contenedores.
Madrazo comprende el hartazgo ciudadano, ya que los propios guardias civiles son residentes que sufren la situación sin días de descanso tras la paralización de sus permisos, pero ha hecho un llamamiento a la calma advirtiendo de que una espiral de violencia dejaría a los agentes policiales atrapados en medio del conflicto. Ante este riesgo, ha señalado que "es absolutamente necesario que nos apoyen los efectivos militares, porque no tenemos capacidad ahora mismo, si hay un estallido social en Ceuta, de contenerlo".
Por otro lado, Madrazo ha destacado la eficiente gestión de la comandancia de Ceuta para alojar a los guardias civiles en hoteles y campings, aunque se ha solidarizado con los policías nacionales y militares que enfrentan problemas de salubridad en sus alojamientos. Asimismo, ha exigido mecanismos ágiles de expulsión para aquellos migrantes que cometan delitos o agredan a las fuerzas de seguridad, y ha criticado duramente las contradicciones entre los ministerios de Interior y Defensa.
Para el portavoz, este "sainete político" respecto a la gestión de la información previa genera incomprensión y deja a los guardias civiles perplejos ante la falta de un diagnóstico claro y de protocolos de actuación conjuntos.
Iñaki Unibaso (AUME) y la necesidad de legítima defensa
Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Iñaki Unibaso, ha calificado de auténtica emboscada el ataque con piedras sufrido por cuatro militares en la zona de Benzú, el cual obligó a los efectivos a emprender una huida al verse acorralados por un alto número de personas y carecer de los medios legales y materiales para actuar como agentes de seguridad. Según Unibaso, uno de los agredidos tuvo que continuar en el hospital bajo observación médica.
El representante militar ha insistido en que su personal solo está dotado con una defensa básica, o porra, y que su labor actual se limita a tareas meramente disuasorias y de apoyo logístico.
Ante este escenario, calificado por algunos analistas como una guerra híbrida, Unibaso ha reclamado al Gobierno la implementación de mecanismos que permitan a los militares actuar bajo el estatus de agentes de la autoridad. Su petición principal hacia el Ejecutivo pasa por "garantizar que se pueda hacer uso de esta fuerza proporcionada y racional, la legítima defensa, para que no se repitan sucesos como los de la pasada madrugada".
Además, ha recordado que los militares carecen de formación específica en control de masas y ha expresado su enorme preocupación por el impacto que esta crisis tiene sobre la moral de unos profesionales que residen en la ciudad y temen constantemente por la seguridad de sus propias familias.
