Han pasado ya casi 15 meses desde la última vez que Pedro Sánchez acudió a una sesión de control en el Senado, una situación que cada vez se hace más insostenible especialmente por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y las escasas explicaciones que el presidente del Gobierno ha dado sobre ellos.
Fue el 12 de marzo de 2024 la última vez que Sánchez acudió a la Cámara Alta a responder a cuestiones relacionadas con el caso Koldo y, aunque no está obligado a asistir, se entiende como una cuestión de cortesía parlamentaria, pues el presidente solo ha acudido a una de las 28 sesiones de control en el Senado que se han celebrado en la presente legislatura.
Este dato choca frontalmente con sus apariciones en el Congreso de los Diputados donde, a pesar de que no lo hace siempre, sí que acude de manera recurrente a las sesiones de control.
Las escasas apariciones del presidente en la Cámara Alta (ha acudido en más ocasiones, pero solo a una sesión de control), han colmado la paciencia de un Partido Popular que goza allí de mayoría absoluta, por lo que está trabajando en aprobar una reforma en el Reglamento que obligaría al presidente del Gobierno a acudir, al menos, una vez al mes al Senado.
Se prevé que el PSOE presente enmiendas contra esta reforma, pero todo apunta a que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares y que podría empezar a aplicarse a partir del próximo mes de octubre. La reforma también limitará los tiempos de intervención del gobierno a 40 minutos en primera intervención, 15 en primera réplica y 10 en segunda.
Es por todo este tiempo sin comparecer en el Senado que el PP ha decidido "llevar a debate una ofensiva sobre la guerra sucia y mafiosa está llevando a cabo el Gobierno", según palabras de la portavoz popular Alicia García.
Además, se espera que el Partido Popular lleve a la sesión de este miércoles en la Cámara Alta una moción en apoyo a la labor de los jueces y magistrados, de los medios de comunicación y de la UCO e inste al Gobierno a "dejarles trabajar sin presiones, injerencias y descalificaciones, así como a retirar todas las iniciativas legislativas que pretenden someter su labor al control político".
“En un Estado de derecho y una democracia, los primeros que tienen que salir a defender a las instituciones y a los poderes del Estado es el propio Gobierno y está sucediendo todo lo contrario", ha sentenciado García.
