La disputa entre los jueces y fiscales y el Ministerio de Justicia ha sumado un capítulo más en la escalada que ha llevado a los primeros a convocar una huelga de tres días contra la institución que dirige Félix Bolaños. En esta ocasión, las desavenencias están relacionadas con el porcentaje de magistrados que han secundado la huelga. Los convocantes apuntan a un seguimiento del 75%, mientras que el ministro ha apuntado al 29%.
Versión ministerial, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha concedido este miércoles una entrevista en la 'Cadena SER' en la que ha señalado que "cualquier parecido" entre la cifra de seguimiento que han ofrecido las asociaciones que convocan el parón es "pura coincidencia".
De hecho, se ha atrevido a cuestionar las motivaciones de la huelga y ha afirmado que los datos que ha recabado el ministerio "son muy diferentes", situando la participación "en torno al 28%, 28,75% en concreto". A su juicio, estas cifras invitan a "una reflexión algo más profunda sobre distintos aspectos de la protesta".
Por otra parte, pese a que ha expresado su respeto por las movilizaciones, ha recordado que "el propio Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no tiene base legal". Asimismo, ha indicado que el derecho a huelga otorga "el derecho a parar", pero también "el deber de no cobrar ese día de trabajo". Para ello es preciso que se comunique al ministerio quienes han parado y por el momento "el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario ha sido exactamente cero"."Ni el comité de huelga está en huelga", ha expresado en alusión a que ningún miembro le ha notificado que haya ejercido su derecho.
De igual forma, Bolaños ha calificado las reformas que quiere instaurar en la carrera fiscal y judicial como "absolutamente imprescindibles" y ha negado que pongan en riesgo el Estado de derecho, postulado defendido por las asociaciones convocantes. Igualmente, ha explicado que cuando se han reunido con los manifestantes para hablar acerca de las medidas "tampoco ponen ahí el acento" de su protesta, sino que "se van a la mayor".
Con todo, el titular de Justicia ha subrayado disposiciones de su proyecto, tales como el blindaje de becas para acceder a la carrera judicial y fiscal, independientemente de la renta familiar y la creación de centros públicos de oposiciones y ha agregado que esta modificación permitirá incorporar a "casi 1.500 jueces y fiscales en tres años" y mejorar los ascensos en ámbitos como los juzgados mercantiles y de violencia sobre la mujer.
Versión de los jueces y fiscales, éxito absoluto
Las organizaciones convocantes de la huelga -Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- manifestaron el pasado martes en un comunicado que "con la debida cautela propia del momento provisional, el seguimiento de la huelga en el día de hoy ha alcanzado aproximadamente el 75%".
Esta cifra se apoya en "los correos electrónicos recibidos de compañeros y compañeras que, de forma voluntaria y confidencial, han comunicado su decisión de secundar la huelga", así como en "la información facilitada por decanatos de las principales ciudades, cuyos titulares pertenecen a asociaciones convocantes" y en "el cálculo aproximado de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones, en permisos, de baja o en situación de servicios especiales, y que, por tanto, no computan como ejercientes activos".
Es por ello que entienden que "tres de cada cuatro jueces y fiscales en servicio activo han secundado la huelga, lo que permite calificar esta primera jornada de movilización como un éxito rotundo" y "lamentamos profundamente que, por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas".
Además, en el documento constatan que "desconocemos el número exacto de juicios o señalamientos suspendidos, ya que se trata de un dato que únicamente obra en poder del propio Ministerio de Justicia, sin que las asociaciones convocantes tengan acceso a él. En cualquier caso, conviene recordad que la labor de jueces y fiscales abarca mucho más que la celebración de vistas o juicios".
Al hilo de esta cuestión, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha publicado este miércoles un comunicado en el que ha desglosado cómo ha afectado la huelga a la labor diaria de los juzgados madrileños. Concretamente, debido al parón de un total de 945 juicios que tenían prevista su celebración el día 2 de julio, 461 han sido suspendidos, lo que corresponde al 48,8% del total.
Por último, los jueces y fiscales han aseverado que "gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales establecidos por este Comité, confiamos en que el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable".
Principales líneas de la reforma
Algunos de los puntos más criticados por los manifestantes tienen que ver con el acceso y oposición. En la nueva normativa se pretende establecer un sistema mixto en los procesos de selección que incluyan pruebas escritas, casos prácticos y un examen oral, que sustituirían al clásico enfoque memorístico. Igualmente, se pretende incluir un cuarto turno de profesionales con más de 10 años de experiencia que se incorporaría al turno libre y se garantizaría que el 25% de las plazas se cubriesen por esa vía.
Otro punto es el de las becas y la preparación. El ministerio pretende que el importe de las Becas SERÉ alcance el SMI durante cuatro años y estén blindadas legalmente. Además, pretende que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en la institución pública de referencia para la preparación de las oposiciones con sedes territoriales y registro de preparadores.
En cuanto a la reducción de la temporalidad, algo que exigía Europa y que ha precipitado la publicación de la reforma, se ha anunciado una convocatoria extraordinaria de más de 1.300 plazas por medio de concurso-oposición que permita estabilizar a los sustitutos. Un hecho importante es que, en cumplimiento de las directrices europeas, estos sustitutos serían considerados como funcionarios fijos.
Uno de los puntos más polémicos del texto es que al llegar a los cinco años de antigüedad se ascendería automáticamente de juez a magistrado, y lo mismo para los fiscales. También se quiere regular los preparadores, prohibiendo la financiación privada por parte de las asociaciones, así como se quiere asegurar la máxima transparencia en los tribunales selectivos. Lo que incluiría la grabación de los exámenes y la presencia de magistrados del Tribunal Supremo.
Por otro lado, la Fiscalía tendría más autonomía y vería sus funciones reforzadas con medidas que permiten a los fiscales asumir la instrucción penal, con los jueces garantizando los derechos. De igual forma, el fiscal general del Estado tendría un mandato fijo de cinco años, no renovable, pero prorrogable tras las elecciones. Con todo, se pretende lograr la desvinculación de las decisiones fiscales del Ejecutivo y el debilitamiento del Consejo Fiscal.
