Este jueves, se ha aprobado en el Pleno del Congreso el real decreto-ley del Gobierno en el que se avala el recorte de los beneficios extraordinarios a las eléctricas, como medida para frenar el ascenso continuado desde hace meses de los precios de la luz y del gas, que están afectando notablemente a los bolsillos de los consumidores.
Este decreto obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que consiguen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan. El Gobierno ha estimado este importe en unos 2.600 millones de euros.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la encargada de defender este decreto y ha asegurado que el Gobierno no quiere aplicar el recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".
Asimismo, la vicepresidenta ha confirmado la intención del Ejecutivo es "completar" el plan de choque "en las próximas semanas" gracias a unas "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales", además de "reforzar la posición" de los consumidores vulnerables que están acogidos al bono social.
Por otra parte, Ribera ha explicado que las previsiones del 14 de septiembre, cuando aprobaron el decreto ley en el Consejo de Ministros, "han quedado desfasadas", por lo que sería necesario "revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".
Medida de carácter temporal
Aún así, la vicepresidenta ha recordado que esta medida sería de carácter temporal, hasta el 31 de marzo de 2022 y ha matizado que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, además, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien "haya garantizado precios estables antes de la escalada".
No es viable mantener el mercado marginalista
Durante la explicación sobre el encarecimiento del gas en los mercados internacionales, la vicepresidenta Ribera ha alegado que "no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad", por ello, dice que seguir con el actual mercado marginalista "no es viable", "sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema".
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estimado que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de "cuánta energía barata" hubiera en el 'pool', debido al funcionamiento de este modelo.
Voto en contra del PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Foro Asturias
El decreto ha sido aprobado gracias al apoyo de los socios de Gobierno y de las formaciones de izquierda y de la abstención de PNV y Junts. Por su parte, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, UPN y Foto Asturias han votado en contra.
Los partidos que están a favor de su derogación, aseguran que solo genera "inseguridad jurídica" y la califican de ineficaz, ya que después de que el pasado 14 de septiembre en el Consejo de Ministros, el precio del 'pool' eléctrico ha seguido disparado al alza.
Desde el PP, Guillermo Mariscal, ha criticado que este decreto sea "arbitrario" y que penalice a los sectores de producción energética, a los consumidores y a la industria. Por su parte, José María Figaredo (VOX) alega que este decreto "vulnera la seguridad jurídica" y explica que incurre en "un sadismo fiscal superlativo" contra las eléctricas.
Asimismo, desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados, apuntó que el voto de su partido es negativo porque el decreto "es un fracaso desde el inicio" y sostiene que es "una intervención injustificada y arbitraria del mercado" además de "un mazazo a las renovables".
