Distintos sectores del funcionariado español se han manifestado en contra de las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, que esta semana ha visto como las negociaciones por la financiación singular de Cataluña, las cesiones al País Vasco en materias de la Seguridad Social y el reparto de menores migrantes se han truncado.
Los últimos en hacerlo han sido los inspectores de Hacienda, quienes se han mostrado contrarios a las concesiones del IRPF a Cataluña; antes, los jueces y fiscales se habían mostrado contrarios a las reformas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y convocaron una huelga; también los funcionarios de prisiones han elevado la voz tras la agresión a una compañera de la cárcel de Sevilla II; y los médicos se han posicionado en contra del estatuto marco que propone Sanidad en junio y mantienen la convocatoria de una huelga para el próximo 3 de octubre.
Los inspectores de Hacienda se revuelven contra Montero
Esta semana la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado que es "imposible" aplicar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, que incluye, entre otras medidas, la cesión de la gestión del 100% IRPF, lo que a ojos de la organización, supondría la "desaparición del Estado", en el caso de extenderse al resto de comunidades.
Asimismo, en un comunicado remitido a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han incidido en que estas medidas desembocarían en la "desaparición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la cual quedaría "troceada" y "repartida" entre todas las regiones. A su modo de ver, esta reforma rompe algunos principios "básicos" de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma "integrada", han argumentado.
Por otra parte, los inspectores han indicado que la cesión de la completa recaudación del IRPF a la Generalitat prevista para 2026 resultaría "imposible", puesto que no es "realista", ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Además, la "rapidez" para realizar las devoluciones de las declaraciones de la renta caería drásticamente: "Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales".
Con todo, han advertido de que este pacto tendría "consecuencias" en la lucha contra el fraude fiscal, entre otras razones, por la diseminación de los datos al separar la Hacienda Española y la catalana. "Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude", han resaltado.
Por todas estas razones, los funcionarios han reclamado la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha contestado que entiende que si "leen las barbaridades que algunos publican" en prensa, puedan pedir su dimisión, pero que lo que podría dar pie a la misma "está absolutamente alejada de la realidad".
Jueces y fiscales contra las reformas de Bolaños
El mes de julio arrancó con la convocatoria de tres días de huelga por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), contra las reformas que pretende llevar a cabo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con la intención de "modernizar" la judicatura.
Una de las líneas maestras de la reforma es la supresión del clásico modelo memorístico en las pruebas de acceso y oposición. Para ello, Justicia pretende incluir pruebas escritas, casos prácticos y un examen oral. Además, se pretende incluir un cuarto turno de profesionales con más de 10 años de experiencia que se incorporará al turno libre y se garantizará que el 25% de las plazas se cubra por esa vía.
Igualmente, el ministerio pretende que el importe de las Becas SERÉ alcance el SMI durante cuatro años y estén blindadas legalmente. Además, quiere que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en la institución pública de referencia para la preparación de las oposiciones con sedes territoriales y registro de preparadores.
En cuanto a la reducción de la temporalidad, algo que ha exigido Europa y que precipitó la publicación de la reforma, se anunció una convocatoria extraordinaria de más de 1.300 plazas por medio de concurso-oposición que permitiese estabilizar a los sustitutos. Un hecho importante es que, en cumplimiento de las directrices europeas, estos sustitutos serían considerados como funcionarios fijos.
Uno de los puntos más polémicos del texto es que al llegar a los cinco años de antigüedad se asciende automáticamente de juez a magistrado, y lo mismo para los fiscales. También se quiere regular los preparadores, prohibiendo la financiación privada por parte de las asociaciones, así como se quiere asegurar la máxima transparencia en los tribunales selectivos. Lo que incluiría la grabación de los exámenes y la presencia de magistrados del Tribunal Supremo.
Por otro lado, la Fiscalía tendría más autonomía y vería sus funciones reforzadas con medidas que permiten a los fiscales asumir la instrucción penal, con los jueces garantizando los derechos. De igual forma, el fiscal general del Estado tendría un mandato fijo de cinco años, no renovable, pero prorrogable tras las elecciones. Con todo, se pretende lograr la desvinculación de las decisiones fiscales del Ejecutivo y el debilitamiento del Consejo Fiscal.
Pese a que la reforma ha sido anunciada por Bolaños, su aprobación se emplazará para después del verano, cuando ambas partes vuelvan a verse las caras en una negociación que se prevé tensa.
Los médicos se oponen al Estatuto Marco propuesto por Sanidad
Antes que los jueces, fiscales y los inspectores de Hacienda, los médicos hicieron pública su repulsa al Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad y, a las múltiples manifestaciones, se le añadió la convocatoria de una huelga general que sigue convocada para el próximo día 3 de octubre.
Uno de los aspectos más criticados es el de la exclusividad, por el que se pretende que los médicos especialistas y los cargos directivos solo puedan desempeñar su función en la sanidad pública, impidiendo que se compatibilice con la privada, considerada con una limitación injustificada de sus derechos laborales y económicas.
Además, consideran que el actual texto les iguala a otras categorías sanitarias sin tener en cuenta criterios como la duración y especificidad de su formación (grado, MIR y especialización), lo que consideran una degradación de su estatus profesional.
En cuanto a las guardias y jornada laboral, los médicos señalan que el borrador menciona un tope de jornada semanal -48 horas- pero que no regula adecuadamente el régimen de guardias, el descanso obligatorio posterior, la conciliación familiar, ni cómo se computan las horas extras para la jubilación.
Por otra parte, la falta de mejoras salariales; la nula actualización del complemento específico que compensa la responsabilidad y la carga laboral del colectivo médico, así como la negativa a negociar un convenio colectivo propio, hace que esta normativa esté en entredicho.
Igualmente, los facultativos reclaman un estatuto profesional propio, similar al que tienen jueces o fiscales, el cual destaque la singularidad de su trabajo dentro del sistema sanitario español y permita mantener negociaciones sectoriales mucho más ajustadas a su realidad.
Por último, lamentan que el proceso de negociación haya sido opaco y poco inclusivo. De hecho, varios sindicatos han llegado a levantarse de la mesa de negociación.
Los funcionarios de prisiones
La agresión sufrida por una funcionaria de prisiones en el centro penitenciario de Sevilla II provocó que numerosas asociaciones y sindicatos se manifestasen en señal de repulsa. Una de las concentraciones fue la que tuvo lugar en los centros Castellón I y Castellón II, donde los manifestantes aseveraron que "no se trata de un incidente aislado, ya que en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y física a trabajadores y trabajadoras penitenciarias, por lo que urgen tomar medidas".
Entre ellas, reclaman "el reconocimiento legal de las empleadas y empleados públicos penitenciarios como agentes de la autoridad, así como una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, además de la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes".
Y es que, según denuncian, "en los centros penitenciarios españoles se produce de media una agresión cada 16 horas, y solo en los últimos dos años se han registrado más de 1.000". "No se trata únicamente de apoyar a una compañera, sino de defender la dignidad, seguridad y condiciones laborales de todo el colectivo", han concluido.
