Es una empresa que estuvo en las portadas en 2021, pero que una vez terminó su caso, cayó en el olvido. Hasta ahora. La historia del rescate de Plus Ultra vuelve a reactivarse.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la sede de la aerolínea en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales. La causa, bajo secreto de sumario, está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, el mismo que en enero de 2023 archivó la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas durante la pandemia.
Un rescate que levantó sospechas desde el primer día
El 9 de marzo de 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Lo hizo calificando a la aerolínea como "estratégica" para España, pese a que en ese momento operaba únicamente un avión y tenía una cuota de actividad residual. En 2019 solo realizó 823 vuelos, lo que suponía el 0,03% del total de operaciones registradas por Aena.
Plus Ultra, con rutas centradas en la conexión España–Venezuela, se convirtió así en la segunda aerolínea en recibir fondos del mecanismo impulsado en pandemia, tras Air Europa.
Cuando la Justicia paralizó el pago
Las dudas llevaron a un juzgado madrileño a suspender en 2021 el segundo tramo de la ayuda, 34 millones de euros pendientes. La magistrada exigió a la compañía que acreditara su necesidad real antes de recibir más dinero público.
La SEPI defendió entonces la legalidad del rescate. Solicitó informes a Deloitte, que avaló el pago, y a la Abogacía del Estado, que advirtió de que el impago vulneraría el contrato con la aerolínea. Además, se remitió documentación al Tribunal de Cuentas después de que Ciudadanos denunciara posibles irregularidades en la concesión.
La juez acabó autorizando finalmente el segundo pago
En julio de ese mismo año, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15, Esperanza Collazos, levantó la suspensión y autorizó el desembolso pendiente. Argumentó que mantener bloqueado el préstamo podía generar una "insolvencia definitiva" en Plus Ultra y un perjuicio directo a los pasajeros con billetes ya pagados.
La medida cautelar, señaló, no pretendía asegurar responsabilidades económicas, sino evitar que se consumara un posible delito de malversación mientras se investigaban las sospechas sobre la viabilidad real de la aerolínea y su capacidad para devolver los préstamos.
Un rescate rodeado de incógnitas
Incluso después de que la juez desbloquease la ayuda, permanecieron abiertas las principales dudas que marcaron el caso.
¿Por qué se consideró estratégica a una compañía con tan escaso peso en el sector? ¿Era Plus Ultra una empresa realmente viable antes de la pandemia, o ya estaba en una situación delicada que hacía difícil justificar un rescate con dinero público?, o ¿Por qué se priorizó su rescate frente a empresas turísticas en situación crítica?
Ni Gobierno ni ministros implicados dieron respuestas claras al respecto. La opacidad generó más preguntas alimentadas en parte por la actividad de rutas con Venezuela.
La denuncia de Ciudadanos y la presión política
Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos en aquel momento, fue uno de los principales impulsores de la investigación a nivel europeo. Sostenía que la ayuda era "injustificada e injustificable" y que existían "indicios muy graves" de que la compañía no era estratégica ni viable.
El político señalaba posibles vínculos entre empresarios venezolanos presentes en la sociedad y el Gobierno español, y reclamaba explicaciones claras sobre las razones del rescate.
