por supuesto blanqueo de comisiones

Alfonso Rus vuelve a ser imputado en una nueva pieza del caso Imelsa

El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el resto de investigados por la adjudicación, supuestamente ilegal, de los servicios de atención telefónica de la institución han defendido la legalidad de estas contrataciones ante el juez, que le ha imputado en una nueva pieza separada.

ondacero.es

Madrid | 16.09.2016 17:31

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (c-i), junto a su abogado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (c-i), junto a su abogado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia | EFE

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Rus ha sido imputado por el supuesto blanqueo de los fondos provenientes de comisiones ilegales en el marco de una nueva pieza separada dentro del caso Imelsa, la sexta.

El Juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una "operación simulada".

En medio de una gran expectación mediática, Rus ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el mismo ante el que declaró el pasado viernes, para dar explicaciones sobre su supuesta participación en la adjudicación del centro de atención telefónica de la Diputación o "call center", asunto contenido en una de las piezas separadas del caso Imelsa, donde está investigado.

Levantamiento del secreto del sumario

Tras su declaración, que se ha prolongado durante cerca de una hora y media, Rus ha rechazado cualquier responsabilidad en la citada adjudicación, que "era cosa de los técnicos" y estaba fundamentada en un "pliego impoluto".

Sobre el levantamiento del secreto del sumario de la causa principal, Rus ha considerado que es una buena decisión y que "había que hacerlo".

No obstante, ha explicado que no lo ha leído y que diversos asuntos sobre los que se le ha preguntado, como el supuesto blanqueo de dinero a través del Olímpic de Xàtiva, club que presidió, o el desvío de fondos a paraísos fiscales, son "barbaridades".

"Eso me lo van a tener que demostrar", ha insistido el que fuese también expresidente provincial del PP en Valencia y exalcalde de Xàtiva respecto a la acusación de haber desviado patrimonio al extranjero.

Además, ha defendido la inocencia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá "mientras un juez no diga que es culpable" y ha hecho extensiva esta apreciación al exdiputado socialista Rafael Rubio, recientemente investigado (antes imputado) en una de las piezas del caso Imelsa.

Supuesto cobro de comisiones ilegales

El primero en declarar, antes que Rus, ha sido Mariano López Sancho, persona que actuó como responsable de la firma Servimun, propiedad de Fernando Palomares -el tercero en declarar este viernes, también como investigado-.

López Sancho fue suegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el responsable de haber aportado a los investigadores las grabaciones que éste hizo de forma oculta con interlocutores con lo que, supuestamente, comentaba el cobro de comisiones ilegales.

En su declaración ha rechazado haber mantenido lazos de amistad o cercanía con Rus ni con Palomares, según fuentes conocedoras de su declaración.

Asimismo, ha considerado que el supuesto delito reconocido por Benavent respecto a la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación responde a una venganza personal de Benavent, aunque él ha negado que le moviese ese mismo interés a la hora de llevar ante la justicia las citadas grabaciones.

Según las mismas fuentes, López Sancho ha interrumpido en varias ocasiones a quienes le preguntaban, al tiempo que insistía en el hecho de que él ha pasado de denunciante a denunciado en este asunto.

Fernando Palomares, que también ha negado cualquier ilegalidad, ha sido cuestionado sobre asuntos técnicos relacionados con la empresa de comunicaciones que regentaba y sobre la cantidad de empleados que tenía, ya que los investigadores sospechan que carecía de la estructura empresarial necesaria para el funcionamiento real de la firma que resultó adjudicataria.