El último informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) deja una situación alarmante en España respecto a las bajas laborales. Según detalla, las bajas por incapacidad temporal han crecido un 60% desde 2017, con una duración media aumentada en un 15%.
El texto apunta a que son los trabajadores de entre 25 y 35 años quienes lideran la frecuencia de estas ausencias, aunque es cierto que son los mayores de 55 quienes contemplan las bajas de mayor duración, algo que parece bastante lógico debido al paso del tiempo y a fenómenos como el envejecimiento o el deterioro cognitivo, entre otros.
Crisis vocacional y salud mental
Según apunta en Por fin el psicólogo experto en bienestar laboral Rafael Alonso, este aumento entre los más jóvenes no es ninguna casualidad dado que las nuevas generaciones sufren una "crisis vocacional" indiscutible. "Se han criado con un modelo en el que se les dijo que si estudiaban mucho, aspirarían a trabajos para vivir en buenas condiciones, pero la realidad es que no acceden a una vivienda ni pueden formar una familia" en la mayoría de los casos, afirma Alonso. Se trata de un "choque absoluto de expectativas".
Por tanto, este desajuste provoca que muchos de ellos consideren que han estado perdiendo el tiempo y que pasan demasiado tiempo en el lugar de trabajo para las recompensas que obtienen a cambio de ello. Esto genera en su mayoría problemas de ansiedad y estrés.
¿Es un modelo sostenible?
El informe también muestra que la duración media de una baja por salud mental ha pasado de 67 días en 2017 a casi 100 en 2024, suponiendo una de las mayores duraciones medias. Este escenario también supone un desafío para las empresas, aunque Alonso insiste en que el problema real es la reincidencia: "El hecho de que estén de baja les ayuda a serenarse, pero luego vuelven al mismo sitio que les enfermó y vuelven a caer".
Desde el sector empresarial, Ángela de Miguel (CEPYME) alerta de que España tiene una incidencia de bajas muy superior a la media de la Unión Europea y apunta a la gestión administrativa: "Hace falta reforzar la supervisión", admite en Por fin. En este punto y con un gasto que ya alcanza los 33.000 millones de euros al año, el sistema de bienestar se enfrenta a un escenario incómodo: ¿seguirá siendo sostenible?
