Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía General del Estado, la denuncia fue interpuesta por seis entidades ante su Unidad de Derechos Humanos, que, una vez la analizó, acordó incorporarla a las diligencias de investigación preprocesales abiertas el pasado año en la Audiencia Nacional sobre las presuntas violaciones del derecho internacional en Gaza.
Las fuentes han resaltado que actualmente existen dos procedimientos en tribunales internacionales sobre la situación en Israel y Gaza, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que España tiene la obligación de cooperar según las leyes y tratados suscritos.
La denuncia, interpuesta el pasado 18 de febrero por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, sostiene que la participación de la empresa vasca es "estructural e indispensable" en el desarrollo del tranvía que une asentamientos israelíes en el Jerusalén Este ocupado, entre sí y con el Jerusalén Oeste, ha explicado este martes la coalición en un comunicado. "Las actividades de CAF en relación con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen presuntamente a la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada; al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado; y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina", señalan las organizaciones, representadas por el Centro Guernica 37.
Crímenes de guerra
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, va dirigida contra el Consejo de Administración de CAF y los directivos de seis filiales, a quienes acusa de haber participado y contribuido a la perpetración de crímenes de guerra. Concretamente, les atribuye los delitos de traslado y asentamiento directo e indirecto de población de la parte ocupante al territorio ocupado y de mantenimiento de prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes, ambos penados con entre diez y quince años de prisión.
También les acusa de haber infringido la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 -que protege a los civiles bajo ocupación prohibiendo, entre otros aspectos, que la potencia ocupante traslade a parte de su propia población al territorio que ocupa-, infracción castigada con entre seis meses y dos años de prisión.
Dos líneas de 22 kilómetros
Según el escrito, CAF participa desde 2019 en la ampliación de la Línea Roja del Tren Ligero, que recorre los 22 kilómetros que hay entre el asentamiento Neve Ya’akov, en el norte de Jerusalén Este, y el hospital Ein Kerem, en Israel; y en la construcción de la nueva Línea Verde, que conectará los 22 kilómetros comprendidos entre el campus de la Universidad Hebrea de Har Hazofim, ubicado en el centro de Jerusalén Este, y el barrio israelí de Gilo, al sur.
La mayor parte de las líneas -el 83 % de la Roja y el 94 % de la Verde- da o dará servicio a asentamientos ilegales, mientras que los barrios palestinos solo contarán con un total de 8 de las 66 estaciones, apuntan la entidades.
La ferroviaria vasca también se encarga de suministrar y renovar trenes, y de desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones, además de operar y mantener ambas líneas a través de la empresa conjunta LAVI Light Rail O&M, en la que posee el 50 % de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel "central" en el desarrollo y operación del tren, señalan las organizaciones, que denuncian que dicha infraestructura "refuerza" la integración y crecimiento de los asentamientos ilegales de Israel, al tiempo que "profundiza" la fragmentación de los barrios palestinos y "consolida el régimen de apartheid de Israel". La responsabilidad de España
Pese a que los hechos denunciados se hayan desarrollado fuera de España, las entidades recuerdan que CAF está registrada en el Estado español, bajo su legislación y que está sujeta a su jurisdicción.
Además, subrayan que sus decisiones estratégicas, gobierno corporativo y responsabilidades ejecutivas también están "arraigadas" en España, por lo que consideran que el Estado tiene "obligaciones legales" al respecto tanto bajo el derecho interno como bajo el internacional.
El consorcio CAF-Shapir fue adjudicatario del contrato J-Net en agosto de 2019, después de que la empresa ganase la licitación pública internacional organizada por el Gobierno de Israel, contratación que repudió parte del mismo Comité de Empresa de CAF y que ha atraído desde entonces críticas y denuncias de activistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos y Naciones Unidas. EFE
