Ciudadanos sigue toreando a la policía y al juez que investiga sus primarias en Murcia.
Cs desoye el ultimátum del juez. Valle Miguélez presenta un escrito en el que reitera que los Servicios Jurídicos de su partido no le han facilitado ninguna documentación sobre el funcionamiento del voto telemático.
Cs ha desoído el ultimátum del juez, Ignacio Munitiz, y no ha entregado la información requerida sobre la primarias en la región de Murcia que ganó Isabel Franco.
La policía lleva 14 meses intentando sin éxito saber cómo funciona el sistema de voto telemático de Ciudadanos.
El pasado jueves expiró el plazo de cinco días dado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena al partido Ciudadanos y a la empresa. Lazarus Technology para la entrega de información sobre el funcionamiento del voto telemático y de las direcciones IP desde las que se realizaron las votaciones.
Ciudadanos sigue toreando al juez y a la policía a tenor del escrito presentado el pasado 24 de septiembre por Valle Miguélez. Lo único que ha recibido el juzgado es un escrito de la diputada de Cs ratificando su declaración ante la Dirección General de la Policía el 31 de julio de 2019 después de que Miguélez haya sido requerida por su propio partido para que responda al ultimátum el juez aportando al juzgado el dossier sobre el funcionamiento del voto telemático.
Pero Miguélez no ha aportado ningún dossier porque asegura que los Servicios Jurídicos del partido naranja no le han facilitado ninguna documentación al respecto. Exactamente lo mismo que ya declaró ante la policía en julio de 2019. Se ha limitado a aportar una transcripción íntegra de su declaración.
Los Servicios Jurídicos de Ciudadanos se comprometieron hace meses con la Policía a facilitar un dossier sobre el funcionamiento del voto telemático que les iba a entregar Valle Miguélez, pero ese dossier no aparece por ninguna parte.
El juez reclamó también a la empresa Lazarus Technology que, en el mismo plazo de cinco días, le entregase un escrito donde asocie las IPs de los ordenadores del día de la votación con los votos emitidos, pero no consta que haya aportado nada.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el caso ha requerido en multitud de ocasiones la información que supuestamente obra en poder de la empresa Lazarus Technology, una empresa especializa entre otras cosas en el borrado de evidencias electrónicas.
Ciudadanos, a pesar de que no contrató a ninguna empresa externa para organizar la votación de las primarias bajo sospecha, afirmó en enero que no podía entregar los datos requeridos por el juez al obrar en poder de Lazarus Technology SL.
Es más, la citada empresa ha ofrecido variopintas respuestas al Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal que en reiteradas ocasiones le ha solicitado “un listado completo de las IP asociadas a cada una de las votaciones efectuadas y un listado completo de cada uno de los identificadores de voto”. Que si el coronavirus, que si el confinamiento, que si ellos solo trabajan de manera altruista para casos penales y de menores o que si el trabajo les llevaría meses que nadie les iba a abonar. Expertos consultados por Onda Cero aseguran que no hay nada que elaborar y que basta con que la empresa Lazarus facilite el archivo con los datos "si es que en realidad los tiene".
Leonardo Pérez, uno de los derrotados en las primarias bajo sospecha, denunció supuestas irregularidades después de que la Comisión de Garantías del partido admitiese un pucherazo en las primarias de Castilla y León –que terminó en la proclamación de Francisco Igea como candidato por esa autonomía–, pero rechazase injerencias en el proceso de la Región de Murcia. La Policía, sin embargo, detectó al menos catorce votos procedentes de direcciones IP estáticas de fuera de la comunidad autónoma que abrieron la puerta de la sospecha.
