Los profesores de la Universidad de Murcia, Julia Martínez y Miguel Ángel Esteve, en su informe titulado “El colapso ecológico de la laguna del Mar Menor” realizado para el Observatorio de las Políticas del Agua, consideran que el gobierno regional se desentiende de su responsabilidad al insistir junto al sector agrario en que el acuífero cuaternario es el principal responsable de la contaminación del Mar Menor “ya que las competencias sobre los acuíferos recaen de forma exclusiva sobre la Administración General del Estado, en concreto, sobre la CHS y eso permite al gobierno regional eludir su responsabilidad por su falta de control sobre el regadío y en general sobre el conjunto de actividades agrarias del Campo de Cartagena por no haber velado por la conservación del Mar Menor pese a sus numerosas figuras de protección nacionales y sobre todo internacionales, todo ello competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma”.

Para Martínez y Esteve otra razón es que en la actualidad un amplio número de empresas agrícolas, responsables de regadíos intensivos del Campo de Cartagena, están imputadas en procedimientos judiciales por la degradación del Mar Menor y si se asume la tesis de que la principal fuente de contaminación es el acuífero y no los flujos superficiales, se aleja y diluye la responsabilidad directa en dicha contaminación de las actividades agrícolas imputadas. “Se vería facilitado su itinerario judicial” subrayan los investigadores ya que “de acuerdo con esa tesis, la degradación del Mar Menor sería el resultado de una contaminación acumulada durante décadas en el acuífero, producto de una actividad histórica que no puede ser atribuida a los actuales titulares de las explotaciones agrarias”.

Además, para Martínez y Esteve, asumir que el acuífero es la principal fuente de contaminación del Mar Menor “contribuye a desviar el foco del sector agrario del Campo de Cartagena, como principales responsables de la exportación de nutrientes a la laguna, exportación que continúa sin demasiados cambios en la actualidad y que fue el factor desencadenante de la crisis eutrófica de 2016 y del actual colapso ecológico del Mar Menor”.

Los firmantes del informe sostienen que la propuesta de reducir el nivel del acuífero con drenes perimetrales, batería de pozos, bombeos y desalobración del agua captada que después sería aprovechada para agua de riego y, por tanto, por los mismos que generaron el problema, no han explicado qué sentido tiene captar agua del cuaternario con el fin de reducir los niveles piezométricos para dársela de nuevo al regadío, cuyos drenajes seguirán elevando los niveles piezométricos del acuífero”. Para Martínez y Esteve “si realmente se desea reducir el nivel del acuífero, la solución ha de centrarse en el factor que origina este problema , que no es otro que la expansión del regadío en la cuenca del Mar Menor y plantear una reducción significativa del regadío existente”.

Sobre la propuesta “recurrente” de ensanchar las golas advierten de que “el Mar Menor como tal desaparecería, quedando convertido en una bahía del Mediterráneo, algo impensable considerando el valor de este ecosistema único y sus estatus de protección nacional e internacional”

Tanto Julia Martínez como Miguel Ángel Esteve afirman que “las aparentes soluciones no lo son” y sobre las medidas priorizadas en el denominada Plan Vertido Cero resaltan que “existen enormes dudas acerca de que cumplan con los criterios de eficacia ambiental, eficiencia económica y equidad social”.

No son ambientalmente eficaces porque no se dirigen a la raíz del problema que es el cambio de modelo productivo agrario sino que se trata de una actuación de “final de tubería”; sus elevados costes de explotación y mantenimiento permiten dudar de su entrada real en funcionamiento ya que el recurso hídrico para riego obtenido tendría un coste en torno a 0,44 euros /m3, sin incluir los costes de inversión ni de los de distribución a parcela y supondría el vertido de 2121 toneladas anuales de nitratos al Mediterráneo, afectando al LIC marino y degradando sus hábitats.

Las obras priorizadas en el Plan Vertido Cero cuya puesta en marcha exige el gobierno regional “tampoco cumplen con el criterio de equidad social” porque no se informa sobre cómo se va a garantizar la corresponsabilidad del regadío intensivo del Campo de Cartagena a la hora de asumir parte delos coste de las actuaciones en aplicación del criterio de que “quien contamina paga” tal y como exigen las normativas europeas. “Sin tales garantías, la experiencia dicta que seremos todos los ciudadanos quienes pagaremos por reparar el daño causado por un sector privado”.

Para ambos investigadores “resulta cuando menos sospechoso el elevado consenso existente entre gobierno regional y sector agrario en torno a la idea de que la principal vía de contaminación del Mar Menor es el acuífero Cuaternario, cuando no existen evidencias contratadas de ello” y recuerdan que según los datos disponibles y recogidos por la DIA del Plan Vertido Cero “la entrada de agua superficial con nitratos sería cuatro veces superior a la subterránea”.

El informe 2019 para el Observatorio de las Políticas del Agua subraya que el colapso ecológico del Mar Menor causado principalmente por las actividades agrarias intensivas del Campo de Cartagena constituye un daño ambiental de enorme relevancia que ha dado lugar a graves daños económicos en otros sectores como el pesquero que ha visto como la demanda de pescado del Mar Menor “ha caído en picado”. También se ha degradado la imagen turística del Mar Menor “hasta niveles difícilmente recuperables con sustanciales cancelaciones en los alojamientos y actividades turísticas; las actividades comerciales y de hostelería se han resentido y el valor patrimonial de las viviendas del entorno del Mar Menor ha seguido cayendo”. Para Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez “se trata de una dolorosa lección hacer acerca de que las actividades económicas no viven al margen del medio ambiente”.

"La eutrofización del Mar Menor no ha ocurrido de forma imprevista o repentina. Durante las últimas tres décadas, ha fallado la administración regional, competente en las políticas agrarias y ambientales, que durante todo este tiempo se ha mostrado muy cercana a los intereses del sector agrario, ha consentido la creación de nuevos perímetros de regadío, con miles de hectáreas ilegales y se ha mostrado incapaz de reducir la aportación de fertilizantes y la exportación de nutrientes, pese a que desde 2001 el Campo de Cartagena está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. Ha fallado también la Confederación Hidrográfica del Segura, incapaz de controlar los usos del agua, con pozos ilegales que duplican o triplican los legales. Estos fallos no pueden entenderse desde la ignorancia" resaltan Julia Martínez y Miguel Ángel Esteve.

Ambos consideran necesario hacer una detallada auditoría de todos los perímetros de regadío para identificar y eliminar los ilegales; crear una banda perimetral de protección del Mar Menor, con una anchura de al menos dos kilómetros, con la eliminación de todo el regadío y su sustitución por vegetación natural para retener nutrientes; la creación de humedales artificiales; revisión de todos los planes generales de los municipios del entorno, excluir nuevos desarrollos urbanísticos, volver a calificar como no urbanizables los suelos urbanos y urbanizables no construidos; declarar el Mar Menor y su entorno como parque regional; prohibir tanto nuevos puertos deportivos como ampliación de los ya existentes, prohibir la navegación a motor de combustión con fines recreativos y deportivos y mejorar sustancialmente el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, garantizando su homologación con las buenas prácticas internacionales de forma que se garantice su independencia y la creación de un Observatorio del Mar Menor y su cuenta de carácter técnico y adscrito a una entidad científica que vigile el cumplimiento de las medidas de protección.

Otra medida pasa por la imposición de una tasa anual por hectárea por contaminación ambiental para toda la actividad agrícola y ganadera de la cuenca, con carácter finalista y dedicada a la recuperación del Mar Menor y de la que estarían exentas las explotaciones ecológicas y secanos tradicionales.