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La Consejería de Agricultura no controla los nitratos de 1055 balsas de purines en el área de influencia del Mar Menor

Un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino al que ha tenido acceso Onda Cero desvela que no se están controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas, sobre todo, en lo referente al almacenamiento de estiércol y purines pese a ser una fuente importante de contaminación. En el área del Mar Menor existen 1055 balsas de purines en 359 explotaciones ganaderas según el último informe realizado por el Servicio de Producción Animal.

Rosa Roda
  Murcia | 22/10/2019
purines

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“Los controles se están realizando específicamente sobre la parte agraria y la mayoría de las comprobaciones son solo de tipo documental. No existe un método real para la comprobación de las cantidades de nitrógeno aportado” advierte el informe fechado el 4 de octubre de 2019 y firmado por Francisco José González Zapater. “La consejería carece de un sistema o instrumento de medición que pueda identificar y cuantificar las unidades de fertilizantes aportadas por el productor”.

Según el Plan Vertido Cerdo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica, el 90% de las explotaciones ganaderas visitadas en su día para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental presentaron incumplimientos normativos. Los técnicos estimaron que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Los purines son una fuente de contaminación de suelos por exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos

"Se alcanzan concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario de entre 100-300 mg/l (50 mg/l es el umbral máximo normativo en las aguas subterráneas, para tener un nivel de calidad del agua aceptable para cualquier uso)" advierte la Declaración Ambiental del Plan Vertido Cero elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica. A los técnicos del ministerio les llamó la atención "el incumplimiento generalizado del Programa de Actuación, sobre todo en lo referente al tipo de abono mineral empleado (empleo de abonos ureicos que no están permitidos), así como el exceso de dosis empleadas de abonado orgánico respecto a los límites establecidos".

El informe de la consejería de Agricultura al que ha tenido acceso Onda Cero también pone de manifiesto que desde que se aprobó el Decreto Ley 7/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la Ley 1/2018 “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, dos personas: un funcionario de la Oficina Comarcal Agraria de Cieza y un funcionario interino del Servicio de Sanidad Vegetal, a pesar de no tener esta unidad competencias en la materia”.

La consejería de Agricultura solo ha dispuesto a dos personas, una de ellas interina, para diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, responder a requerimientos de información por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y evaluar los resultados de los controles.

El informe también pone de manifiesto cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario de la oficina comarcal agraria visita la explotación para levantar acta oficial de forma que sirva de documento probatorio para iniciar el correspondiente sancionador.

Desde 2017 que se aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes como consecuencia de la primera Sopa Verde en el Mar Menor, la consejería ha encargado a la empresa TRAGSATEC, por 100.000 euros al año, el programa de control de nitratos y según advierte el informe “aunque inicialmente se programó que los expedientes con incumplimientos serían comunicados a los interesados para subsanación de deficiencias y posteriormente revisados por un funcionario, esta segunda inspección oficial, al final, no fue realizada al ser cuestionada su necesidad por parte del Servicio de Coordinación de las Oficinas Comarcales Agrarias y subraya que “el procedimiento sancionador se está realizando en base al informe de auditoría de TRAGSATEC y los expedientes con incidencias comunicados a la Secretaría General de la consejería de Agricultura para su posterior tramitación".

Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero, eso puede propiciar el archivo del procedimiento sancionador en caso de recurso por parte de los infractores. De hecho, el informe elaborado por la Dirección General de Producción Agrícola , Ganadera y Medio Marino recomienda la creación de un servicio con funciones propias en materia de nitratos dentro de la consejería dotado de personal y que “los controles de nitratos programados por ese servicio los desarrollen los técnicos de la Oficinas Comarcales Agrarias al objeto de guardar la necesaria objetividad a la hora de evaluar las actas de inspección” y que “los expedientes con deficiencias sean elevados al Servicio Jurídico de la Consejería para su tramitación”.

El autor del informe es el mismo que en mayo de 2019, siendo director general de Agricultura, admitió el pasado mes de mayo que “en el periodo de reporte 2012-2015 no se aportaron datos sobre el control de los nitratos en la región de Murcia ya que por problemas presupuestarios no pudo adjudicarse esta toma de datos”. Es decir, por falta de dinero para contratar personal no se controló el vertido de nitratos en la región de Murcia.

Europa obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos. Desde 1996, España cuenta con el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. En noviembre de 2018, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que protege de manera insuficiente sus aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y ganaderas. España no realizó hasta 2009 el primer censo de aguas afectadas por nitratos. La contaminación por nitratos obliga a las comunidades autónomas a aprobar un Código de Buenas Prácticas Agrarias de obligado cumplimiento y a elaborar unos programas de actuación de control que, según la querella del Ministerio Fiscal por la degradación ambiental del Mar Menor, se han incumplido de manera sistemática en la región de Murcia.