No se ha presentado al acto de conciliación ni se ha desdicho de sus acusaciones por lo que Juan Arroyo, padre de la Vicealcaldesa, Noelia Arroyo, se querellará finalmente contra el exalcalde y hoy portavoz de MC, José López, y la concejala, María José Soler, por supuesta injurias y calumnias e incitación al odio, por las declaraciones públicas de ambos en medios, webs y redes sociales, en las que acusaban a su empresa de sonido y eventos de llevarse contratos, subvenciones y publicidad con cargo al Ayuntamiento gracias a las presiones de su hija.
Juan Arroyo denunciaba una persecución a su persona después de llevar 26 años trabajando para el Ayuntamiento, antes incluso de que hubiera nacido su hija, siendo precisamente en la etapa de José López como Alcalde, cuando más contratos se le concedieron desde el Consistorio.
Su abogado cree que López ha perdido la oportunidad de desdecirse y pedir perdón porque Arroyo estaba dispuesto a retirar la demanda si así lo hacía.
La denuncia refleja que la primera acusación se produjo nada más constituirse el nuevo gobierno, en junio de 2019, cuando José López proclamó a las puertas del Palacio Consistorial que Noelia Arroyo llegaba al Ayuntamiento "para que su padre pusiera altavoces". La última se produjo en septiembre, cuando López acusó a la vicealcaldesa de "conceder subvenciones a la empresa de su padre".
Otro episodio que forma parte del escrito de la acusación es el protagonizado por la concejal Soler, quien, en nota de prensa, aseguró que Noelia Arroyo "había presionado a funcionarios municipales para obligarles a hacer publicidad de la empresa de su padre a través de la página web del ayuntamiento".
El denunciante daba un plazo de 24 horas para que López y Soler retirasen todas las publicaciones que contienen esas afirmaciones, que las rectificasen y reconocieran públicamente que sus mentiras están perjudicando a la empresa.
De igual forma, había pedido que López reconociera ante el Pleno del Ayuntamiento "la falsedad de sus acusaciones" y ahora le reclamará además una indemnización de 30.000 euros que se destinarían a causas sociales.
