Tras las primeras investigaciones, la Consellería de Justicia reconoce esta falta de mantenimiento.
La Directora General de Modernización, Bárbara López, asegura que la consellería está dispuesta asumir responsabilidades políticas cuando se determine el motivo del fallo del desfibrilador. De momento, se ha confirmado que la Generalitat no había renovado el contrato de mantenimiento, que estaba caducado.
La consellería añade que este caso está en fase de instrucción reservada y que se continúa recabando documentación.
Pero estas explicaciones son insuficientes para el Partido Popular. Su presidenta en la Comunitat, Isabel Bonig, ha pedido la dimisión de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Bonig recuerda que tampoco ha dado explicaciones el concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, que ha sido procesado por la muerte de un trabajador en los jardines de Viveros cuando montaba una grada.