La demanda la interponían algunos de los miembros de la junta directiva del partido en 2011, cuya firma aparece en el acta de constitución de la refundación del partido y que aseguran que no participaron en ella. Además, aseguran, en contra de lo que afirma Gent per la Vila, que nunca fueron suspendidos de militancia posteriormente. El letrado de la parte denunciante ha pedido que se considere a Gent per la Vila ilegal, por infligir la Ley de Partidos al no haber justificado la existencia de una sede ni presentado libro de registro ni de actas del partido. Tampoco han presentado expediente sancionador contra los denunciantes que justifique la expulsión del partido.
Por su parte, Gent per la Vila no ha presentado un libro de actas pero sí las actas referidas al cambio de nombre. Además, también presentaba un documento procedente del PSPV-PSOE valenciano confirmando la militancia en el PSOE de uno de los denunciantes entre 2018 y 2019. Pedro Alemany asegura que a los denunciantes "no se les expulsó, sino que se fueron ellos por vergüenza", al utilizar indebidamente, como considera que ha quedado también, probado, que "uno de los demandantes adeuda 850 euros al partido, que fueron utilizados como provisión para su defensa en un juicio contra él", explicaba Alemany a Onda Cero, mientras que el segundo "falsificó un talón y se hizo con fondos del partido".
La causa ha quedado vista para sentencia.
