El Plan Parcial Ensanche Levante ya cuenta con aprobación definitiva.
Se trata del plan más ambicioso que tiene en marcha Benidorm en estos momentos y que se arrastra desde 2017. Lejos de ser un problema, para la edil de urbanismo, Lourdes Caselles, esto supone que las cosas se han hecho bien ya que el expediente ha pasado por multitud de informes que han sido favorables y por un "amplio periodo de participación pública" que refrenda las bondades del plan. Se trataba de un sector "que pone en valor el modelo vertical de Benidorm" y que, según Caselles, "apuesta por las zonas verdes y recreativas", algo que no veía de la misma manera el portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, que tomaba la palabra para proponer la retirada del plan porque encontraba cuatro "deficiencias". La primera sería "carecer de informe preceptivo y vinculante", además de que "no se homologa el sector", que el aprovechamiento tipo "no está concretado" y que "el Plan Parcial y el PAI aparecen separados".
No aceptaba el pleno retirar el punto del orden del día pero insistía el PSOE en que su voto iba a ser negativo, tanto por esas irregularidades como por no gustarle el modelo de ciudad que propone el plan, en el que, decía Castillo "se ha cambiado la idea original de 1990 en que el sector era residencial y hotelero, por una zona de servicios y hoteles, siendo la parte residencial algo residual".
Este punto también lo negaba Caselles que recordaba que la superficie hotelera era sólo del 35'8% mientras que la de paseo y zona verde superaba el 65%.
Vivienda
El pleno de Benidorm aprobaba, esta vez por unanimidad, la cesión de una parcela municipal de 4.000 m2 en el Murtal a la Generalitat la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo para la construcción de Vivienda de Protección Pública.
A pesar del acuerdo general, no se ha librado la propuesta del equipo de gobierno de las críticas de la oposición, especialmente del PSOE que aseguraba que en Benidorm hay un problema muy grave de acceso a la vivienda, porque las últimas construcciones son “de lujo”, afirma el portavoz adjunto de los socialistas, Sergi Castillo, y un camarero, un conserje u otro trabajador no puede permitirse alquilarla, por lo que buscan alojamiento en otras localidades. Además, muchos propietarios, para obtener más beneficio prefieren reconvertir sus apartamentos en vivienda turística reduciendo la oferta para trabajadores, asegura Castillo, que proporcionaba datos de Visit Benidorm en los que se reflejaba que este tipo de oferta se había incrementado en un 20% en 4 años.
El PSOE hablaba de parche y pedía que se elaborase un plan más global en el que se hicieran aflorar las viviendas vacías que había en Benidorm, como ya propusieron los socialistas en octubre del año pasado, pero la dura respuesta del PP ha sido que "las soluciones del PSOE son las mismas del Botànic: castigar a los propietarios y favorecer a los okupas".
Basura
Por otra parte, el PSOE también pedía dejar sobre la mesa la aceptación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) sobre el contrato de recogida de basuras por faltar un informe del Departamente de Contratación.
Esta pretensión tampoco ha sido aceptada por el alcalde Toni Pérez, que ha reiterado que el informe no es preceptivo puesto que el punto sólo busca aceptar el dictamen del TARC. Finalmente, la mayoría del PP se imponía y se suspendía la contratación del nuevo servicio de recogida de residuos hasta que el pliego de condiciones se acomodara a las indicaciones que había señalado el TARC. Aunque aquí la interpretación también es diferente porque, mientras para el PSOE, el TARC les ha dado la razón en 5 de las 6 reclamaciones que presentó ante el tribunal, y que son las referidas a la duración del contrato, la construcción de una base logística, los criterios evaluables mediante fórmulas, la valoración de inversiones y costes mediante juicios de valor y la omisión de los parámetros para la determinación de las ofertas formuladas “con valores que las hacen anormalmente bajas”, para el PP, según afirmaba el edil del área, Luis Navarro, "lo único que ha dicho el TARC es que el contrato no estaba bien justificado".
