Nuevo incumplimiento en el instituto de Torrellano: las obras de reparación de su fachada no se han ejecutado en verano

A cinco días para el inicio del curso escolar 2019/2020 la comunidad educativa del instituto de Torrellano, pedanía de Elche, ha recibido el enésimo varapalo el los últimos años al conocer que un curso más la fachada del centro va a estar acordonada por el riesgo de desprendimiento que presenta su revestimiento de ladrillo caravista.

La indignación, y resignación, ha calado a la vuelta de las vacaciones del verano en una comunidad escolar que desde finales de 2015 (se produjo el primer desprendimiento en la fachada) acumula incumplimientos de promesas y plazos por parte de la Conselleria de Educación.

Primero fue una disputa con la empresa que construyó el centro para dirimir quién debía asumir los costes de las obras. Ahora, cuando el largo de proceso administrativo de adjudicación de los trabajos había finalizado, llega la quiebra de la empresa adjudicataria y todo queda paralizado pese a que el pasado antes de las vacaciones de verano que acaban estos días se anunció que los trabajos comenzarían a ejecutarse y se desarrollarían durante la época estival.

Ninguna de las promesas y plazos comprometidos por los responsables políticos de PSOE y Compromís de la Conselleria de Educación se han cumplido y la consecuencia es, un curso más, que los 800 alumnos de Secundaria del instituto Torrellano comenzarán el curso el próximo lunes con la fachada del centro acordonada de nuevo porque no reúne las máximas condiciones de seguridad.

Para incrementar la seguridad en el centro se va a aumentar a tres metros la distancia del vallado perimetral instalada alrededor de la fachada, así como que se va a disponer de dos bocanas en las instalaciones, una de entrada y otra de salida. En las próximas semanas se ha comprometido a los padres que se va a sustituir el vallado actual por otro de dos metros de altura.

Según se ha trasladado a la comunidad educativa desde la conselleria, se va a iniciar un trámite de adjudicación por vía de urgencia, cuyos trámites podrían prolongarse unos tres meses.