La Audiencia Provincial juzga a una red por blanqueo de capitales con la venta de calzado desde empresas ubicadas en Elche

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante acoge a partir de este lunes un juicio contra una red formada por 30 personas, 25 de ellas de nacionalidad china, que están acusadas de tres delitos de blanqueo de capitales y hasta 28 varios delitos contra la Hacienda pública.

La red operaba desde Elche a partir de la actividad generada en distintas empresas dedicadas fundamentalmente a la venta de calzado procedente de China, que se encontraban situadas en el polígono de Carrús.

Según el relato de la fiscalía, los procesados formaban parte de una organización presuntamente dedicada a dar salida a dinero generado en los comercios, tiendas de calzado y negocios chinos a través de transferencias bancarias que enviaban a su país sin declararlo a la hacienda pública española.

Su modus operandi era el de importar calzado de China, por el que declaraban un valor en aduanas inferior al real, para venderlo después en territorio nacional.

Para ocultar la identidad de los sujetos fiscales que debían declarar impuestos en España, utilizaban a una red organizada de personas y entidades que se dedicaban a realizar transferencias de pago a China.

Esos intermediarios, a su vez, obtenían a cambio una comisión que oscilaba entre el 0,8 y el 1%.

Al ocultar parte de sus adquisiciones, los acusados no declaraban ingresos ni las cuotas del IVA de las ventas de esas mercancías, por lo que, supuestamente, defraudaban miles de euros en impuestos.

Mediante esa práctica, según la fiscalía, la banda realizó ventas por valor de más de 168 millones de euros entre los años 2005 y 2009 sin liquidar los correspondientes tributos.

Los integrantes de la red que se sientan en el banquillo de los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 3 y los 6 años de prisión, en función de la participación de cada uno de ellos en los delitos juzgados, y multas que alcanzarían en algunos casos hasta los 150 millones.

Además, se les reclama al pago de una indemnización conjunta de más de 16 millones a Hacienda.