El PSPV-PSOE de Castelló ha anunciado que iniciará los trámites para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la ordenanza fiscal que regula la tasa por la recogida de residuos, impulsada por el gobierno municipal. Así lo han comunicado este martes el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta.
Según los socialistas, el recurso se fundamenta en posibles vulneraciones de la legalidad vigente, como el incumplimiento del principio de “quien contamina paga” y la falta de progresividad y equidad de la tasa. Simó ha señalado que el cálculo de la cuota “no se corresponde con el volumen real de los residuos” y que la ordenanza aplica tarifas fijas sin medir el consumo real, lo que, a su juicio, genera arbitrariedad.
Por su parte, Puerta ha afirmado que el Grupo Municipal Socialista ha intentado abordar la cuestión por vía política, proponiendo alternativas y comunicándose con los vecinos, y subrayó que el recurso judicial pretende “impedir que se vuelva a cargar sobre los castellonenses el coste de una gestión que consideran inadecuada”.
El PSPV recuerda además que desde noviembre de 2025 ha desarrollado una campaña informativa sobre la subida de la tasa, incluyendo la web elbasurazodecarrasco.com, con datos comparativos de recibos y modelos de reclamación.
Frente a estas críticas, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Carlos Redondo, ha calificado la iniciativa de los socialistas como “una maniobra política y desesperada” y ha defendido que el equipo de Gobierno ha actuado con “responsabilidad, rigor y sensibilidad social”. Redondo señaló que se han aplicado bonificaciones y medidas correctoras para reducir el impacto de la tasa, que, según el Ayuntamiento, está determinada por la legislación estatal.
El edil ha criticado que el PSOE no recurriera la ordenanza de 2025, cuando se aplicó la primera subida de la tasa, y ha asegurado que el recurso presentado ahora busca “hacer política desde los juzgados” en lugar de desde la gestión municipal. Redondo ha concluido que el equipo de Gobierno seguirá “defendiendo a los vecinos con hechos, no con titulares ni recursos oportunistas”.
El debate sobre la ordenanza y sus posibles efectos económicos para los ciudadanos continúa abierto, y ambas partes mantienen la posibilidad de diálogo antes de que se resuelva el recurso judicial.
