El Ministerio ya ha anunciado que se va a abrir la ventanilla para acceder a dicha petición; momento en que se volcará toda la documentación que acredita las demandas. A partir de ahí, se tramitará toda esa información para dictar resolución, obtener los fondos y dar cumplimiento a la sentencia procediendo al pago de los trabajadores.
Así ha respondido a las preguntas de los periodistas, después de informar en rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local de la toma de conocimiento de la entrada de un importante número de demandas, ejecuciones de sentencia y sentencias firmes del Juzgado de lo Social o del TSJCLM por los planes de empleo de 2017, 2017 y planes de zonas rurales deprimidas. Esta sentencia millonaria ha sido una situación que el Gobierno de Tita García Élez ha heredado de la “mala gestión” de la anterior legislatura del PP.
Bellón ha explicado que este fondo está puesto por el Ministerio a disposición de las entidades locales para el pago de sentencias firmes; por lo que ya se han tenido varias comunicaciones con responsables del mismo para “concretar la forma de acceder a la petición” y avanzar en esa tramitación a través del Instituto de Promoción Económica de Talavera junto a los Servicios de Intervención, Tesorería y la Secretaría General del Ayuntamiento.
Del mismo modo, la portavoz se ha referido al orden del día de la sesión de la Junta de Gobierno para mostrar que no se ha cuantificado una cantidad fija porque “siguen llegando ejecuciones de sentencia respecto al conflicto colectivo y demandas ordinarias por planes de empleo de 2017 o 2018”, entre otros. Por eso, se esperará a que se cierre el plazo para que se puedan seguir presentando demandas en el juzgado, que se calcula que es hasta un año después de adquirir firmeza la sentencia del conflicto colectivo. El objetivo, ha dicho, es “solicitar al Ministerio lo máximo posible que tengamos cuantificado y sea firme, requisito que, además, se exige”.
La entrada de este importante número de demandas tiene que añadirse ahora para ese cómputo global, una circunstancia que conlleva un retraso en la cuantificación definitiva, pero que también ofrece la seguridad de que el Gobierno municipal lo va a solucionar.
