El Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para poner en marcha el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación irregular, y pedirá al alto tribunal que lo suspenda de forma cautelar. No es la primera vez que Baleares combate en los tribunales una medida migratoria del Gobierno central: el año pasado ya recurrió el decreto de reparto de menores no acompañados desde Canarias.
La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, califica la medida de "cortina de humo" y asegura que el Govern esperará a la publicación del texto en el BOE para que la Abogacía de la Comunidad estudie las vías concretas a seguir. "No hace falta correr", ha subrayado, sin confirmar si el Consell de Govern de este viernes autorizará ya el recurso o si se esperará a la semana que viene.
Estarellas ha estimado en más de 30.000 los potenciales beneficiados por la regularización solo en Baleares, muy por encima de los 10.800 que maneja la Delegación del Gobierno. De ellos, unos 6.000 serían nacionales de Marruecos. La consellera ha subrayado que precisamente esa discrepancia de cifras demuestra que el Gobierno "no sabe" de qué número está hablando, y que por eso tampoco puede garantizar que no haya coste para las comunidades ni efecto llamada.
En paralelo, el Govern también bloqueó esta semana una propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal para permitir la inscripción de migrantes en situación irregular en el SOIB. Baleares fue una de las diez comunidades que votaron en contra en una reunión celebrada el lunes, lo que determinó el rechazo de la propuesta.
