Según el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la declaración de Giró como testigo el pasado 28 de junio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, fue "totalmente contradictoria" en referencia a su participación en el proyecto de los frustrados Juegos Olímpicos Europeos en Valencia, con lo que la Fiscalía ha pedido al juez José Castro que le cite a declarar ahora como imputado por un presunto delito de falsedad documental.
Después de escuchar la versión de Giró y la de los diseñadores de los Juegos, fuentes judiciales revelaron que el juez estudiaba si imputar a Giró, por lo que ahora se tendrá que pronunciar al respecto.
La declaración clave fue la del máximo consultor de los Juegos, Isidro Rigau, que afirmó ante el juez que "desconocía" que Giró hubiera participado en el proyecto, cuyo extremo ratificó en sede judicial el exjugador de baloncesto José Antonio Montero, miembro del equipo junto a Alexandar Benito Sansa.
La Fiscalía apoya este argumento con las declaraciones del también imputado Juan Pablo Molinero, quien manifestó ante el juez que "este proyecto de juegos europeos lo dirigían tres personas", además de lo manifestado por el también empleado de Nóos y supervisor del proyecto Francisco Larrey.
Pese a ello, este profesor de Esade afirmó ante el juez --que tuvo que posponer el interrogatorio por los titubeos del testigo-- que había realizado "una labor de ideación o reflexión" a petición de Diego Torres y que no llegó a cobrar porque al final no colaboró en los Juegos.
Sin embargo, tras hablarle de la existencia de cuatro facturas, reconoció haberlas emitido "sin ofrecer explicación racional alguna" acerca de qué trabajos efectivos las justificaban, dice el escrito del fiscal.
La Generalitat Valenciana, quien supuestamente encargó el proyecto a Nóos, rechazó estas cuatro facturas de 9.642 euros en concepto de 'Colaboración en el proyecto Juegos Europeos' al "no ajustarse detalle de la dedicación a dicho proyecto ni justificarse documentalmente la realización del servicio objeto de dichas facturas", según declaró la subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Isabel Villalonga, en sede policial.
Los Juegos Europeos fueron supuestamente un encargo del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps al Instituto, con quien firmó un convenio valorado en 5 millones, de los que llegaron a cobrar 382.000 euros con la "primera fase" de la cita deportiva, que nunca se celebró.
