RUIZ-MATEOS

Abogada de la acusación considera que Ruiz-Mateos toma el pelo a la Justicia

Isabel Fluxà, la abogada de la acusación en la causa por presunta estafa contra José María Ruiz-Mateos, ha asegurado hoy que la nueva incomparecencia del empresario jerezano que había sido citado hoy a declarar en Palma es "una tomadura de pelo hacia la Justicia y hacia los españoles".

ondacero.es

Baleares | 23.08.2012 00:00

Fluxà ha anunciado que comunicará a su cliente la nueva incomparecencia, la tercera del empresario desde que se amplió en febrero la querella a estafa, administración desleal y alzamiento de bienes (anteriormente solo era por estafa), y decidirá si solicita la adopción de medidas cautelares contra Ruiz-Mateos.

La abogada ha señalado que podría solicitar la prisión para Ruiz-Mateos, pero lo consultará con su cliente. "Por mí, solicitaría ya la prisión pero no sé si lo haré", ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación realizadas al salir del juzgado.

Fluxà ha recordado que el empresario no compareció ni en su primera citación el 20 de junio, a la que sí acudieron sus hijos, ni a la del pasado 27 de julio, "sin ningún motivo además".

"Tiene narices que este señor tenga que ser detenido porque al fin y al cabo esto lo pagamos todos. Total para no venir aquí a hacer una declaración o a acogerse a su derecho a no declarar, pero que venga", ha reclamado la abogada, que ha dicho estar indignada con la situación.

Fluxà representa al empresario Francisco Miralles, que en 2006 vendió el hotel Eurocalas a los Ruiz-Mateos.

Miralles acusa de estafa a Ruiz-Mateos como avalista, junto con sus hijos, de un sobrino que le compró el hotel Eurocalas por 24 millones de euros. El querellante asegura que le deben 13,9 millones por el establecimiento, sobre el que pesa una hipoteca de 19 millones suscrita por los Ruiz-Mateos tras comprar el hotel.

La querella fue ampliada en relación al traspaso a Clesa, una empresa del grupo Nueva Rumasa, de un hotel situado en Torremolinos con el que se había avalado la compra del ubicado en Mallorca. Para el querellante, esto se hizo para no tener que saldar la deuda con él, por lo que le imputa los delitos de alzamiento de bienes y administración desleal.

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