El informe de la inspección general de servicios del Principado de Asturias sobre el proceder del departamento de Minería del Principado por el accidente de mina Cerredo indica que se utilizó la figura de Proyecto de Investigación Complementaria para permitir extracción de carbón sin cumplir la normativa de minas abocadas al cierre. Así lo ha indicado el consejero de Industria Borja Sánchez tras el Consejo de Gobierno que ha analizado el documento de más de 300 páginas. Sánchez traslada para qué se utilizó el PIC: "la administración minera utilizó el PIC como vía para eludir la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España y el artículo 29 de la ley de Cambio Climático", normativa que obliga a devolver ayudas estatales como requisito para tener autorización de explotación en instalaciones orientadas a su cierre. Sánchez añade que la figura de PIC en sí es "perfectamente legal" pese a que, como ha dicho también "no tienen una regulación sustantiva y procedimiental explícita en la normativa minera".
Inspección de servicios indica que, además, del PIC, debería haber habido una declaración ambiental y una consulta al Instituto de Transición Justa como organismo que concede actualmente ayudas al cierre de minas de carbón, consulta que no se hizo.
Sobre el traspaso de derechos mineros de Combayl a Blue Solving, el informe hace recomendaciones de mejora.
El informe de inspección es clave para dirimir cómo procedió el área de Minería del Principado. Sánchez puntualiza que este examen "no señala errores sino recomendaciones". Para el consejero de Industria, el que el presidente Adrián Barbón encargase este informe extraordinario ya es una muestra de "responsabilidad política" del gobierno. Recordamos que lo relativo a Mina Cerredo en los últimos años, de 2022 a 2025 con seis fallecidos en total, tenía como responsables políticos a los entonces consejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí y a la directora de Minas Belarmina Díaz.
Tanto Sánchez como la vicepresidenta Gimena Llamedo han insistido reiteradamente que en que Barbón tienen un compromiso de sangre para saber qué pasó en Cerredo
Escuchadas estas explicaciones, el presidente del PP Álvaro Queipo ha llamado la atención sobre el envío del informe a la Fiscalía por parte del gobierno. Para Queipo, queda claro que la administración minera vive en la "negligencia" desde que Barbón gobierna. Y por su parte, la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación, la diputado Covadonga Tomé, lamenta que el gobierno no haya enviado antes el informe a este grupo de trabajo. Y reprocha que no se señalen responsables.
