En una comparecencia ante las Cortes, la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ha señalado que esta iniciativa pretende reconocer los derechos y dignidad de todas las víctimas, pero sin ninguna imposición ideológica. Este plan pretende fomentar los derechos humanos, la comprensión del pasado desde un punto de visto histórico y también continuará con el trabajo para localizar fosas comunes y la exhumación de los cuerpos. La consejera Hernández señala que esta iniciativa busca integrar a todas las víctimas, pero sin centrarse en la Guerra Civil o la dictadura, ya que incluye periodos de la Democracia como los muertos de ETA o del terrorismo yihadista.
Los grupos de la oposición lamentan la falta de concreción de ese plan y consideran que es una ocurrencia para justificar la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Reclaman que la iniciativa para derogar esa ley no se tramite por lectura única, sino que puedan comparecer las asociaciones memorialistas y los historiadores. El diputado socialista, Daniel Alastuey, y el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, han recordado que la memoria histórica lleva años asentada en el ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno y han acusado a PP y Vox de sembrar la discordia, en lugar de la concordia.
José Luis Soro, de Chunta; Andoni Corrales, de Podemos, y Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, han insistido en que presentar la derogación de la ley el 20 de noviembre fue una exaltación al franquismo y ese plan no tiene sentido, una vez que se elimine todo el presupuesto y la estructura orgánica vinculada a la memoria.
