DERECHOS SOCIALES

Unas 1.800 familias aragonesas empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital

El Gobierno aragonés solicitará un reconocimiento en bloque de esta prestación para todos los que hasta ahora cobraban el Ingreso Aragonés de Inserción, 7.542 núcleos familiares con un total de 18.895 familias. Lo ha explicado en las Cortes la consejera de Derechos Sociales.

Patricia de Blas

Zaragoza |

La consejera de Derechos Sociales, durante la Comisión parlamentaria | Cortes de Aragón

El Gobierno autonómico va a solicitar que los 7.542 beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción tengan reconocido automáticamente el derecho a percibir, en su lugar, el Ingreso Mínimo Vital. La ayuda estatal llegaría, de esta forma, a las 18.895 personas que ahora mismo viven con la prestación autonómica. De momento, hay unas 1.800 familias, con un total de 3.600 niños, que anoche recibieron un SMS de la Seguridad Social, comunicándoles que recibirán desde este mes el ingreso mínimo.

La consejera de Derecho Sociales, María Victoria Broto, reconoce que a los menores de 23 años sin hijos y a las personas sin hogar probablemente no se les reconocerá el derecho al Ingreso Mínimo Vital. Por eso, para que todos los aragoneses en situación de pobreza cobren una de las dos ayudas, reformarán el Ingreso autonómico para que se destine a los colectivos que queden fuera de la prestación estatal. Además, desde el Gobierno autonómico crearán itinerarios de inserción, para que las familias que reciban el Ingreso Mínimo Vital puedan salir de la exclusión social y acceder al mercado laboral.

La consejera ha comparecido en las Cortes a petición del Partido Popular. Desde esta formación, piden una mayor coordinación entre administraciones, para evitar ayudas duplicadas o solapamientos, y exigen mecanismos de control, para evitar que los beneficiarios del ingreso dejen de buscar empleo o se trasladen a la economía sumergida.

La diputada del PP, Marián Orós, ha lamentado además que el Gobierno de España solo haya permitido a País Vasco y Navarra gestionar este Ingreso Mínimo Vital, y le pide al Ejecutivo autonómico que reclame un trato igualitario. La consejera Broto reconoce que le ha dolido esa discriminación, y afirma que Aragón está preparado para asumir la gestión, porque tienen 25 años de experiencia con el IAI.