El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha confirmado que la Policía Local de Granada tendrá que trabajar durante Semana Santa. La medida se ha formalizado este jueves con la firma de un decreto de servicios mínimos por parte de la alcaldesa Marifrán Carazo, quien ya recurrió a esta fórmula en la reciente carrera popular Memorial Padre Marcelino.
El decreto establece la asistencia obligatoria al servicio extraordinario de aquellos agentes necesarios para cubrir el dispositivo especial. Desde los sindicatos, sin embargo, insisten en que esta medida vulnera los derechos laborales de los policías y lamentan la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno local.
Jorge Saavedra, portavoz del equipo de Gobierno municipal, ha subrayado que el decreto buscaasegurar el “normal y correcto desarrollo de la Semana Santa”, ante la falta de voluntarios suficientes para cubrir el servicio.
“Pese a la decisión adoptada, el Ayuntamiento sigue abierto al diálogo y a negociar las condiciones laborales con los representantes de la Policía Local”, ha declarado Saavedra en un audio enviado a los medios.

Un conflicto laboral sin resolver
En cuanto a la negociación con los sindicatos, Saavedra ha asegurado que por parte del consistorio "la voluntad de diálogo sigue intacta y seguimos tendiendo la mano a las organizaciones sindicales de nuestra Policía Local con un objetivo clarísimo que es irrenunciable" como es "garantizar la seguridad de los granadinos y especialmente que los fines de semana no tengamos una situación de riesgo como sucedía antes de llegar al Gobierno".
Saavedra ha expuesto que "la mitad de la plantilla" de este cuerpo de seguridad municipal "sólo trabajaba los fines de semana de manera voluntaria y con horas extras" y que la ciudad "no se podía permitir ese caos organizativo" que ha achacado al gobierno local anterior, del PSOE.
"Las propuestas siguen estando sobre la mesa", ha añadido el portavoz en referencia a "la flexibilización de los turnos" y "las mejoras económicas que ha propuesto el gobierno de la ciudad", que ha vuelto a apelar "a la responsabilidad de las organizaciones sindicales" para que "no se dejen llevar por planteamientos populistas que pueden poner en riesgo la seguridad de la ciudad" y que "tampoco permitan la politización de esta negociación".