Aguas de Cádiz ha informado de que en los últimos seis años ha conseguido reducir su deuda en casi 10,5 millones de euros, a pesar de haber asumido nuevas necesidades por valor de 2,1 millones de euros. Según ha explicado la presidenta de la empresa municipal, Ana Fernández, “una política de control y contención del gasto innecesario, así como una gestión más eficiente de los recursos ha hecho posible que Aguas de Cádiz haya podido hacer frente a la deuda bancaria que soportaba en 2015 y que ponía incluso en peligro la viabilidad de la empresa pública”. Concretamente, el total amortizado de deuda es de 10.469.114 euros, de los que 8.932.800 euros correspondían a los préstamos con los bancos; 766.076 euros eran de una deuda con el Consorcio de Agua de la Zona Gaditana (por la compra del agua en alta) y 316.294 euros por la financiación para el pago a proveedores tras el Real Decreto-Ley de 2012. A estas cantidades hay que sumarle los intereses bancarios generados en estos años, que han ascendido a 453.942 euros.
La evolución de la deuda de Aguas de Cádiz que se presentó en el último Consejo de Administración de la empresa refleja, según Fernández, “cómo una buena gestión salva a una empresa que es de todos los gaditanos y gaditanas y cómo es posible hacer las cosas de otra manera a como se hacían antes, buscando el buen gobierno, gestionando con rigor técnico, con transparencia, con rendición de cuentas y con sentido de la honradez”. La presidenta ha destacado, además, que este esfuerzo en la reducción del gasto se ha hecho soportando otras necesidades que la empresa ha absorbido sin repercutir en las tarifas. De hecho, la última subida en el recibo del agua fue en enero de 2014 y desde entonces no se ha vuelto a incrementar, “mientras que antes se subía la tarifa casi cada año, aunque al no ser en grandes cantidades, estas subidas pasaban a veces desapercibidas por los usuarios”.
Por lo tanto, la deuda se ha saldado a pesar de que Aguas de Cádiz ha tenido que hacer frente a gastos nuevos durante este tiempo que ascienden, aproximadamente, a 2.100.000 euros. Entre los nuevos gastos figura la subida del precio en alta, la puesta en marcha del Suministro Mínimo Vital para ayudar a las personas con problemas económicos y las subidas anuales del IPC.
