La ley de transparencia obliga a todas las instituciones que reciban un sólo euro público a someterse a control. El aplauso inicial fue generalizado. Ahora, sin embargo, los empresarios o sindicatos como UGT inmersos en un escándalo de trapicheo de dinero a espuertas como el caso de los ERES, ponen el grito en el cielo porque se les vaya a controlar. Vigilar a otros sí, pero ellos, al margen.