Que los ciudadanos sepamos cómo se mueve hasta el último céntimo es garantía de salud democrática. Que los políticos tengan que dar cuenta de su patrimonio y su gobierno hará que los que traten de aprovecharse se lo piensen dos veces.
No pueden repetirse escándalos de corrupción como el caso de los ERE en Andalucía o la operación Palma Arena
