El caso Faisán que desde hoy se juzga en la Audiencia Nacional debería aclarar un asunto: si hubo una orden política para dar un chivatazo a ETA alertándola de que se iba a detener a su red de extorsión. Hay coincidencia generalizada en que dos policías, los dos que hoy se sientan en el banquillo, no toman ese tipo de iniciativas por su cuenta. Pero sólo ellos tienen las respuestas y la decisión: guardar silencio y asumir toda la acusación o señalar a los presuntos responsables y compartir responsabilidades.
