Suma y sigue. Ahora, Invercaria.

El uso arbitrario (e irregular) de dinero público para favorecer a los amigos no es exclusiva de Andalucía, obviamente -ahí está el caso Emarsa en Valencia, con “arrepentidos” que están proporcionando al juez pelos y señales de cómo fue el saqueo de la empresa pública-, pero ocurre que en Andalucía hay elecciones dentro de veinte días y soplan vientos fuertes de cambio. Circunstancia propicia para que afloren, en esta recta final, los dossieres, los testigos de cargo y las conversaciones sobre empresas públicas que, secretamente, fueron grabadas por uno de los interlocutores. Cuando el barco se hunde, brotan pruebas de chanchullos por todas partes. Digamos que, a falta de brotes verdes, lo que brota en Andalucía es la basura.

Ahora, Invercaria. La empresa de capital-riesgo de la Junta que fue creada para apoyar iniciativas empresariales en sectores de alto potencial de crecimiento. Así se lee, al menos, en su página web, donde afirma la consejera delegada, Laura Gómiz, dos puntos: “Nuestra máxima siempre es la implicación”. La grabación así lo demuestra. Ella está implicada hasta las cachas. ¿En qué? En la operación fingimiento, también llamada “coartadas a posteriori”. ¿De qué va esta grabación que hoy se ha difundido y que está en poder del juzgado formando parte de la denuncia que presentó un directivo despedido de Invercaria? Empecemos por ahí: quien graba la conversación con su consejera delegada para tener la prueba de cargo -y quien acabó siendo despedido por no tragar con el apaño que se le encomendaba- es Cristóbal Cantos, director de promoción de la empresa pública.

Su jefa tiene un problema: había una investigación del Tribunal de Cuentas en marcha y ella necesitaba demostrar que todas las operaciones en las que Invercaria había entrado se habían hecho conforme al protocolo, cumpliendo los pasos que la norma establece. Pero como no se hizo así, como se aprobaban operaciones arbitrariamente para favorecer, porque sí, a las empresas que la Junta decidía, no existieron ni planes de negocio ni estudios previos de rentabilidad. Que es lo que la jefa le encarga al directivo que prepare: informes a posteriori como si se hubieran hecho antes de aprobar la operación, con fecha de 2007 aunque se escriban en 2011.

El directivo se resiste y acaba grabando una reunión con su jefa para tener la prueba material del chanchullo que le están imponiendo. Ésta es la conversación que hoy se ha difundido, y que deja a la señora Gómiz, y a sus superiores en la jerarquía de la administración autonómica andaluza, en situación muy apurada. No sólo por la irregularidad manifiesta que está encargándole al subordinado, sino por las cosas que dice cuando ve que éste se resiste. Él dice:

-   No puedo hacer un plan de negocios a toro pasado inventándome una rentabilidad.

Y ella:

-   ¿Acaso vas a firmar tú los expedientes, entonces qué más te da?

Él dice:

-   Pero ¿cómo me puedes pedir que falsee los informes, eso no es honrado.

Y ella:

-   Piensa en la realidad, Cristóbal, las cosas son como son. Todo el mundo sabe cómo se han hecho las cosas aquí.

Y él, que se sigue resistiendo y tirándola a ella de la lengua.

-   Pero, Laura, qué me estás diciendo.

Y ella que ya se dispara.

-   Yo sé dónde estoy, Cristóbal; lo que no sé es dónde puñetas estás tú. Que estás en una administración pública, hombre, que no podemos dedicarnos ahora a sacar mierda.

Y, disparada, acaba incriminando a quienes están por encima de ella, a los que llama “mis mayores”:

-   Todos ellos saben lo que hay aquí, mis mayores saben qué papeles hay y qué papeles faltan.

La palabra “clientelismo” significa que el poderoso patrocina a quien se acoge a él a cambio de sumisión. El uso de los recursos públicos para pagar y cultivar afinidades es una de las señas de identidad, lamentables, del sistema en su conjunto en España. En aquellos lugares donde el poder lleva más tiempo en manos de los mismos (en manos de un mismo partido político), ese vicio “clientelar” es más agudo y está más extendido que en otras (no es Andalucía la única comunidad donde los mismos gobiernan desde hace décadas, por cierto). Son los votantes, claro, quienes deciden cuántas veces debe repetir un partido en el poder, pero entre urna y urna, ese partido  utiliza los resortes de su poder (los recursos públicos) para intentar facilitar su propia permanencia. Para eso se montan televisiones autonómicas (deficitarias todas) a mayor gloria del gobierno de turno, y para eso se da prioridad a la hora de acceder a los recursos públicos (subvenciones, créditos oficiales, financiación para EREs) a quienes sintonizan con el partido en el poder o están en condiciones de prestar valiosos servicios.

La consejera delegada de Invercaria, Laura Gómiz, debería ser haber sido destituida hoy mismo. Si no fuera porque ella misma se quitó de en medio hace un par de semanas. La táctica de defensa elegida por la empresa dirección de Invercaria -decir que la grabación ha sido manipulada y que, en realidad, la señora Gómiz no está hablando de fabricar expedientes a toro pasado, sino de volcar los datos en el sistema informático- es un recurso pueril y a la desesperada. Pueden salir aún más cosas. Más chanchullos. Porque no sólo hay ganas de cambio, a decir de las encuestas, en el conjunto de la sociedad andaluza. También hay ganas de cambio entre aquéllos que están en condiciones de contar cosas, de soltar historias, que comprometen al gobierno actual. Por no hablar de la bronca interna del PSOE andaluz que convierte a antiguos compañeros en enemigos con toneladas de información comprometedora. Hay también gente cambiando de acera porque huele el ambiente que esto se acaba. Y pasando munición al adversario para hacer méritos.

La confusión entre los intereses públicos y los intereses del partido en el poder es una constante, un defecto crónico de nuestro sistema político que ninguno de los grandes partidos tiene interés en erradicar. Son los propios partidos los que implícitamente lo admiten cada vez que sacan pecho por haber “antepuesto los intereses del país, o de la región, o del municipio, a los intereses del partido”. Elevan a la categoría de admirable, de meritorio, de enorme sacrificio, preservar el interés general frente al interés particular del partido de turno. Para ellos es meritorio --por infrecuente-- lo que debiera ser normal. Las empresas públicas, sean de capital riesgo o sean de depuración de aguas, no están para ordeñarlas en beneficio de los colegas.