Las otras dos y media anuncian que han acordado trabajar conjuntamente en defensa de la Constitución y la unidad nacional. Anuncian que han acordado cumplir los dos con sus obligaciones. Bienvenido sea el anuncio. Aunque permanezca la duda de cómo se proponen hacerlo. En defensa, o a la defensiva, tras confirmarse el acelerón que la mayoría del parlamento de Cataluña ha decidido meterle a la desobediencia de las leyes y las instituciones españolas.
La extensión y la enjundia del texto da idea o de lo poco que desean contar de lo que hayan pactado —-cabe pensar que les cundió más el almuerzo monclovita--- o del escaso entusiasmo que les produce manifestarse juntos, incluso en un asunto como éste que ambos admiten que va mucho más allá de la pugna por el voto. Es conocida la doctrina de Rajoy según la cual no conviene ni adelantar acontecimientos ni enseñar antes de tiempo las cartas —un juego de astucia— pero tampoco el líder del PSOE, aspirante al gobierno, concreta qué entiende él que habrá que hacer si el Parlamento catalán persevera en su intención de decidir, por su cuenta, qué leyes son de aplicación en Cataluña y cuáles no. Ni Rajoy ni Sánchez pronuncian jamás en público este número: 155, el artículo de la Constitución que faculta al gobierno a obligar a una comunidad autónoma a cumplir las leyes por los procedimientos que considere necesarios. Y que deben ser comunicados antes —-advertido—- el presidente de esa comunidad autónoma y aprobadas esas medidas extraordinarias por el Senado.
El Constitucional cumplirá su función de suspender, o anular, las declaraciones o leyes autonómicas que el gobierno impugne. Pero es sentir general de los magistrados del Alto Tribunal que no se puede delegar en ellos la responsabilidad de evitar que la ruptura se consume por la vía de los hechos. Son esos magistrados, juristas, los que esperan que el gobierno ---el de ahora y el que venga--- tengan en la cabeza un plan que vaya más allá de la invocación de la ley y su cumplimiento.
La sintonía de PP y PSOE es esta materia —más allá de las cinco líneas con que despacharon ayer el interés de la prensa—- es relevante no tanto para hoy, o para mañana, como para los días posteriores al veinte de diciembre. Los días que irán desde las elecciones hasta la investidura del nuevo presidente. Sobre todo si la aritmética parlamentaria anticipa un cambio de jefe de gobierno. El actual ejecutivo pasa a estar en funciones, en situación de interinidad a la espera del relevo, la noche de las elecciones. Son esos días posteriores, con un gobierno que, aún siéndolo, se sabe yéndose y un nuevo gobierno por formar, los que más inquietan en algunos ámbitos institucionales. Porque si hay que tomar decisiones, habrán de ser consensuadas entre el saliente y el entrante. Y habrán de ser claras y rápidas, porque el rodillo independentista en Cataluña no toma vacaciones.
Entre los otros partidos que están en carrera hacia el 20 de diciembre cunde la idea de que el acelerón independentista refuerza, de facto, el bipartidismo. En la foto buscada ayer por los dos grandes, juntos frente al desafío, no aparecen de momento otros actores. Con Rivera se verá Rajoy, pero será después de haberse visto con Sánchez.
Ha sido Susana Díaz, curiosamente (o no curiosamente) quien ha abogado por una forma de actuar distinta: una convocatoria conjunta del presidente Rajoy a todos los partidos políticos para hacer visible una suerte de pacto de Estado por la convivencia y la unidad de España. Matices distintos, siempre, en las declaraciones que hace Susana respecto de las que hace el secretario general de su partido. Si él subraya el inmovilismo que percibe en Rajoy (con la ley no basta, dijo ayer), ella dice sin ambajes que Rajoy no está solo y hay que estar con el gobierno de España.
Albert Rivera, próxima visita que se espera en Moncloa, tiene la ventaja de que, a conocimiento de la realidad catalana ninguno de los otros va a ganarle. A diferencia de Iglesias, que en este asunto es quien más fuera del agua se encuentra. Una campaña electoral centrada en la cuestión catalana a quien más penaliza es a Podemos, en caída constante en las encuestas y con dificultades para que la dialéctica a la que saca más partido ——ricos y pobres, arriba y abajo, gente corriente y casta—- se imponga en el debate.
Podemos se esfuerza en presentarse como el mejor gobierno posible para asegurar que los catalanes deseen permanecer en España. Sabiendo Pablo Iglesias lo difícil que lo tiene para que ese discurso prospere teniendo en cuenta que: su partido cosechó un espaldo electoral decepcionante en las autonómicas —-no parece que la mayoría de los catalanes vean en Podemos una garantía de nada—- y que en la primera votación del nuevo parlamento, la elección de una presidenta independentista que sólo vive para proclamar la república catalana, la mitad de los diputados podémicos le hicieron la ola a la señora Forcadell a cambio de un puesto en la mesa de la cámara. Un vaso es un vaso y un plato es un plato…de lentejas.
