Vamos de hito en hito. Nunca un ex ministro y ex secretario de organización del PSOE había estado en puertas de ser procesado por corrupción ---lo más parecido fue José Blanco, hoy lobista, en el caso Campeón y el Supremo lo archivó por falta de sustancia---.
Nunca el hermano de un presidente había sido procesado por tráfico de influencias ---lo más cercano fue Juan Guerra, que era hermano de vicepresidente y terminó absuelto de corrupción en siete juicios, no pierda la esperanza Sánchez el músico de que a él le suceda lo mismo---. Nunca la esposa de un presidente había estado imputada, o investigada, por sus relaciones con empresas privadas, tráfico de influencias y apropiación indebida ---algún día terminará su investigación el juez Peinado, o no---.
Y nunca un fiscal general del Estado había sido procesado por el Tribunal Supremo como presunto autor de un delito. Y esto último es lo que, desde ayer, tiene ya la seguridad el afectado ---y quienes le jalean, y quienes quieren verle morder el polvo, que de todo hay--- de que va a suceder. Ayer preguntábamos a esta hora si sería esta semana cuando García Ortiz fuera procesado y… casi. 'Al borde del banquillo' es la expresión que más se repite hoy en las crónicas.
Su capo, que es una forma de llamarle criminal aunque no haya no ya sentencia condenatoria alguna, sino causa judicial alguna
Para el gobierno de la realidad alternativa, todo es fruto de una conjura de jueces prevaricadores conchabados con el PP para asediar a Sánchez. Para el PP, abonado a presumir la culpabilidad de cualquiera que huela a Sánchez, estamos ante la prueba del nueve de hasta qué punto el sanchismo es una mafia y Sánchez su sumo sacerdote.
Perdón, su capo, que es una forma de llamarle criminal aunque no haya no ya sentencia condenatoria alguna, sino causa judicial alguna en la que el presidente esté acusado hoy de algo.
Lo más parecido a una acusación directa es lo que escribió en su auto la juez Biedma, del caso del hermano: 'El puesto fue creado a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno'. Es la parte más débil de la exposición de la jueza, porque decir 'seguramente' equivale a decir que no ha encontrado prueba fehaciente de ello, es decir, conjetura.
Le ocurre lo mismo al auto del juez Hurtado de ayer. Su parte más floja es la que atribuye a la Presidencia del Gobierno haber dado instrucciones al fiscal general del Estado para desmentir que hubiera sido la fiscalía quien ofreciera a González Amador un pacto cuando fue al revés. 'A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia de Gobierno', escribe el juez, sin alcanzar a concretar quién de Presidencia habló con García Ortiz y en qué términos.
Es el gobierno quien más ha contribuido a hacer creíble la tesis de su participación en los hechos
Si el fiscal general hubiera borrado todas sus comunicaciones de ese día quizá habría podido concretarse. Pero a falta de ese material, esta conclusión del juez queda un poco en el aire.
Bien es verdad que es el gobierno quien más ha contribuido a hacer creíble la tesis de su participación en los hechos al haber salido desde el primer minuto en tromba a defender al fiscal general como si la filtración interesada concerniera al Ejecutivo y, más en concreto, al núcleo duro del presidente, esto que ahora, según El Confidencial, sus propios integrantes han bautizado como el búnker.
¿Qué hechos considera el juez de instrucción confirmados al cabo de su investigación (el juez de instrucción, porque el tribunal que juzgue a García Ortiz ya se verá qué dice)? Hechos: que el fiscal general, en frenético intercambio de guasaps con algunos de sus subordinados la noche del 12 de marzo, requirió que se le enviaran a su gmail particular los correos que el abogado de González Amador había cruzado con el fiscal Salto.
Y que una vez los correos en su poder, el fiscal general se los facilitó a la cadena Ser para que les diera publicidad aun siendo consciente de que ello supondría vulnerar la confidencialidad obligada. El señalamiento de García Ortiz como autor material de la filtración es inequívoco en el auto.
Y sigue: desde la fiscalía general ---aquí no dice que fuera personalmente él--- se envió copia del correo confidencial a la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez, señora Sánchez Acera, quien hizo uso de él pasándoselo a Lobato para que lo utilizara (y aireara) en el Parlamento madrileño.
En cualquier otra investigación judicial la Fiscalía habría tenido el mismo criterio que el juez
La difusión pública de una comunicación reservada entre abogado y fiscal vulnera el protocolo que tiene firmado la fiscalía con el Consejo General de la Abogacía y perjudica el derecho de defensa del afectado.
Responde el juez a todos los peros que le han ido poniendo la abogacía y la fiscalía, en perfecta sincronía, y da sus razones para no cambiar de criterio pese a que haya habido periodistas testigos que han declarado que ellos tuvieron el correo de marras antes que García Ortiz.
En cualquier otra investigación judicial, la fiscal encargada del caso, existiendo un informe de la policía judicial que señala al investigado y sabiendo que éste ha borrado todas sus comunicaciones de guasap y de mail, habría tenido el mismo criterio que el juez: que hay razones para ir a juicio.
El hecho diferencial de este caso no es ni el informe de la policía judicial, ni las declaraciones de los testigos, ni el borrado de posibles pruebas. El hecho diferencial es el cargo que desempeña el imputado. Solo eso y nada menos que eso. El fiscal general del Estado, procesado.
Lo que opine el gobierno sobre la instrucción judicial es irrelevante, a efectos procesales.
Eso explica que la fiscal actúe como lo que es, subordinada y persona de confianza del imputado. Y eso explica que el gobierno aliente la idea de que no se busca hacer justicia si no hacer caer al fiscal general. Que se pensó que bastaría con imputarle para que dimitiera, pero en vista de que no lo hizo ha habido que tirar millas y llegar hasta el procesamiento, a ver si así.
Desde el primer día dijimos aquí que lo que opine el gobierno sobre la instrucción judicial es perfectamente irrelevante, a efectos procesales. Incluso, o sobre todo, si las opiniones de un gobierno sobre un caso judicial pueden interpretarse (o deben) como un intento de influir en las decisiones del juez, es decir, de presionarle a través de los medios de comunicación.
Depende del juez que te toque, pero acostumbra ser contraproducente que el gobierno intente dirigir la instrucción judicial en un determinado sentido. Puede llevar al juez a verse reafirmado en su sospecha de que el gobierno tuvo algo que ver.
El relato gubernamental, trucado, según el cual los ciudadanos hemos de elegir con quién vamos, si con un defraudador y con el fiscal que persigue el fraude, hace tiempo que se gastó de tanto usarlo. Ni el defraudador ha sido todavía condenado ni al fiscal se le va a juzgar por persguir un delito, sino por cometerlo.
El gobierno se apropia de una potestad que no tiene: emitir sentencias absolutorias
Recuérdese que no era García Ortiz quien perseguía el fraude de Amador, eso le correspondía a Julián Salto, el fiscal que estaba en el fútbol. Y de hecho, fue a Salto a quien denunció Amador por la filtración, porque García Ortiz tardó bastante en asumir que la nota de prensa la había ordenado y supervisado él, personalmente.
Y el argumento gubernamental de que García Ortiz es inocente y que, por tanto, sería injusto que pagara con su renuncia por algo que no ha hecho supone que el gobierno se apropia de una potestad que no tiene, emitir sentencias absolutorias, hurtándosela a quien sí la tiene, que es el Supremo.
Y supone que, en adelante, el gobierno decide quién ha de dimitir de su puesto para preservar la reputación de la institución a la que pertenece ---por ejemplo, Ábalos, a quien se le reclamó el acta sin estar siquiera imputado--- y quién puede permanecer donde está pese a dañar gravemente la reputación institucional ---por ejemplo, el fiscal general del Estado del que hace tiempo que Sánchez se apropió como si fuera o el ministro número 23 o un apéndice de la Presidencia del Gobierno---.
Para nuestro competitivo presidente Sánchez lo único que no se contempla es la derrota, no hay nada que lleve peor que una derrota. para él este es un pulso político del que no piensa salir derrotado, por lo menos de momento. No entregamos la cabeza porque eso sería perder el pulso. Ayer reincidió el gobierno en manifestar su confianza en el fiscal general, como si fuera suyo y como si de eso dependiera que siga o no siga.
Un fiscal general del Estado estará en breve procesado por perjudicar el derecho de defensa de un ciudadano
García Ortiz, ministro número 23 para el gobierno al que no pertenece, se propone permanecer como fiscal general mientras es juzgado en el Tribunal Supremo. De hito en hito. Su subordinada la fiscal provincial de Madrid, Rodríguez, será suspendida en sus funciones porque la norma establece que una fiscal procesada no puede seguir ejerciendo de fiscal.
La suspenderá su jefe, el fiscal general, que alegará que él está en comisión de servicios y la norma no le afecta para permanecer. En comisión de servicios. ¿Qué servicios? ¿Y a quién? Cuando es el gobierno quien anticipa que vas a seguir en el puesto, cabe pensar que no eres tú quien decide si te quedas o te apartas. Incluso que si dependiera de ti, quizá elegirías apartarte porque nadie es imprescindible. Ella, suspendida y él, sin suspender.
El hecho es que un fiscal general del Estado estará en breve procesado por perjudicar el derecho de defensa de un ciudadano. Un procesado que compaginará su condición de presunto autor de un delito con la de máximo responsable del ministerio fiscal en España y jefe de todos los fiscales. La anomalía es notable. Es un hito, sí, de nuestra vida pública. Un hito francamente negativo.
