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OPINIÓN

Monólogo de Alsina: "No se puede atribuir a Delgado la decisión de la fiscalía sobre qué delito se acusa a Trapero"

Dolores Delgado aún no es fiscal general del Estado. No ha tomado posesión porque tiene pendiente el examen de los grupos parlamentarios. Y no se le puede atribuir a ella, por tanto, la decisión que tome la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el delito del que se acusa al comisario Trapero. Si la rebelión se queda en sedición nada más empezar.

Carlos Alsina
  Madrid | 20/01/2020

Hoy comienza el juicio de Trapero, algo así como la secuela, o la segunda parte, del caso del procés.

Con menos procesados que el otro (cuatro) y centrado todo en la actuación de los mossos de esquadra, o de la cúpula de los mossos de esquadra. Es decir, Trapero, que era el jefe operativo, la intendente Laplana, que estuvo al frente del grupo policial en la manifestación de la consejería de Economía, Pere Soler, que era el director del cuerpo (cargo político) y César Puig, numero dos de la consejería de Interior.

Lo que el tribunal tendrá que establecer es si los jefes de la policía autonómica en 2017 actuaron para impedir que ésta cumpliera con sus obligaciones legales y contribuyera tanto a que pudiera celebrarse el referéndum del primero de octubre, mirando para otro lado mientras se colocaban las urnas, y permitiendo el acoso a la secretaria del juzgado que acudió al registro de la consejería de Economía. Lo probable es que la fiscalía, que acusa de rebelión, rebaje el delito a sedición. No porque lo haya ordenado Delgado sino porque el Supremo ya sentenció, en el primero de los jucios, que los hechos juzgados no podían describirse como una rebelión.

Trapero es uno de los personajes más intereses de esta historia que se llamó el procés. Nunca se le tuvo por independentista, aunque una vez le invitaran a una fiesta dominguera con Puigdemont y Pilar Rahola. Su conversión en héroe predilecto del independentismo se produjo un mes antes del referéndum, cuando despachó a un periodista extranjero que pidió que se hablara español en una rueda de prensa sobre los atentados de Tarragona y Cambrils con un 'pues muy bien, pues adiós' que los portavoces indepes convirtieron en un eslógan de desdén a todo el que no pensara como ellos. Hicieron camisetas con la cara del comisario y lo convirtieron en lo que no era. Y en lo que él, seguramente, nunca quiso ser.

Hoy, sin embargo, no habrá comitiva indepe que lo arrope a las puertas de la sala de Justicia. Trapero dejó de ser el icono de la pureza procesista el día que declaró en el Tribunal Supremo que él mismo le hizo ver a Puigdemont que las instrucciones judiciales hay que cumplirlas, que había riesgo de desórdenes públicos y que los mossos de esquadra no iban a acompañar el proceso independentista. Cuando el Parlamento autonómico estaba proclamando la independencia el 27 de octubre, él estaba esperando instrucciones del Tribunal Superior de Justicia por si había que detener al president.

Esto mismo expondrá Trapero en la Audiencia Nacional, ahora ya como acusado. La defensa tendrá que lidiar con la sentencia del Tribunal Supremo, que sin prejuzgar si Trapero incurrió o no en algún delito sí consideró probado que la policía catalana evitó planificar bien cómo actuar para retirar las urnas con el fin de poder alegar que estaban desbordados y actuar, de hecho, con cinismo y complicidad con los votantes. Aparentaban cumplir el auto de la magistrada Mercedes Armas pero en la práctica se dedicaron a incumplirlo.

El fin de semana han estado entretenidos los líderes políticos dándole vueltas al asunto éste del pin parental, o el veto parental, o el derecho a decidir que, según Vox, deben tener los padres para vetar la presencia de sus hijos en cualquier actividad que tenga que ver con valores éticos o sexuales.

El gobierno de España se ha enterado tarde (o es ahora cuando ha querido enterarse) de que en la región de Murcia ya se requiere el consentimiento familiar para las actividades complementarias. La orden de la consejería es del mes de agosto. Por algún motivo que la ministra no ha alcanzado aún a explicar, lo que en agosto no mereció reacción alguna del gobierno central ahora motiva un recurso ante los tribunales.

No lo llame judicialización porque es un palabro con mala prensa. Llámelo recurrir una medida de un gobierno autonómico que el gobierno central entiende que es inconstitucional. A la frase de la ministra Celaá el viernes explicando que el derecho de los menores a la educación obligatoria no depende de si los padres quieren o no quieren...

...a la frase replicó este fin de semana el líder del PP apoyando lo que él entiende que es el derecho de los padres a decidir en qué actividades participan sus hijos y en cuáles no.

Luego ya Casado se vino arriba y, pista libre, se puso a fabular sobre una España en la que los niños delatan a sus padres a la manera de la dictadura castrista o la soviética.

Ya que lo pregunta, no. España no es un satélite soviético, ni una dictadura castrista, ni tampoco (puestos a evocar regímenes en los que los infantes delataban a sus padres) un régimen fascista italiano o alemán. Le podrá gustar poco a Pablo Casado que haya un gobierno de coalición entre el PSOE y la izquierda extrema populista, pero hacer oposición no obliga ni a exagerar, ni a atemorizar, ni a disparatar. Gobernar, por cierto, tampoco.