División de opiniones sobre el procesamiento del fiscal general del Estado por revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Carlos Alsina ha entrevistado a los presidentes de dos de las tres asociaciones de fiscales de España y cada uno ha mostrado una opinión.
El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, considera que "estamos normalizando lo que no es normal. No es normal que un fiscal general del Estado esté siendo imputado y al borde de celebrarse un juicio oral contra él." Por el contrario, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín califica como "desatino" el auto emitido por el juez y no cree que vaya a haber una condena contra Álvaro García Ortiz.
APIF defiende al Tribunal Supremo, mientras que para UPF el auto está lleno de "elucubraciones"
Según Pallarés lo más importante es "respetar las soluciones judiciales" y defiende al Tribunal Supremo (TS) porque "entiende que hay pruebas suficientes para imputar a una persona". Por lo tanto, para el presidente de APIF el auto "está suficientemente valorado y justificado".
Opinión totalmente opuesta es la de Félix Martín, quien ha denunciado el auto del juez, ya que "la decisión está inundada de decisiones muy altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico". Para Martín, el juez se basa "en sospecha, elucubraciones, pero no hay nada que se pueda considerar indicios".
El presidente de UPF, además, ha expuesto que tras analizar las 53 páginas del auto "solo quedan acreditadas dos cosas -la finalidad era informar a la opinión pública y varios periodistas conocían desde 31 horas antes la información- "el resto son elucubraciones y sospechas del juez".
APIF considera que el fiscal general debería dimitir, mientras que UPF cree que su permanencia es un "buque de contención"
Por eso, para Félix Martín, Álvaro García Ortiz solo debería dimitir "por ética pública o porque su continuación dañe la institución", si bien nada de esto cree que esté ocurriendo porque "la permanencia del fiscal general en su cargo es una protección para la justicia y los fiscales". "La permanencia del fiscal general es el último buque de contención frente a ese desatino" ha manifestado.
Sin embargo, el presidente de APIF se ha mostrado totalmente contundente: "No es compatible ser fiscal general con estar investigado". Igualmente, considera que debe modificarse el estatuto de los fiscales e incluirse "como causa de cese estar investigado", porque ahora "no hay ninguna base legal para forzar o para que tenga que dimitir".
