En España ya no es necesario imaginar un escenario en el que el Fiscal General del Estado se pueda sentar en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz ha sido formalmente procesado por el Tribunal Supremo. El juez instructor, Ángel Hurtado, considera que existen “indicios racionales de criminalidad” en su actuación en la difusión de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y otro detalle relevante es que el auto señala la posible implicación directa de Presidencia del Gobierno en esta operación.
Procesado y respaldado
A pesar del procesamiento, García Ortiz no se plantea su renuncia y el Ejecutivo le ha mostrado su apoyo. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha defendido al Fiscal General, lanzando reproches al Supremo, como ha hecho también Óscar Puente en redes sociales.
Sin embargo, el respaldo político choca con el contenido del auto. El juez Hurtado destaca cómo García Ortiz habría ordenado divulgar datos confidenciales a raíz de “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, lo que convertiría esta acción en una operación orquestada desde Moncloa para desacreditar públicamente a la pareja de Ayuso y contrarrestar informaciones periodísticas que señalaban a la Fiscalía como promotora de un pacto penal.
Pruebas borradas y un correo sospechoso
Uno de los elementos más comprometidos del auto es la utilización por parte de García Ortiz de una cuenta de correo electrónico privada (Gmail) para recibir información sensible, eludiendo los canales oficiales. La comunicación fue enviada por Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, quien preguntó expresamente a García Ortiz dónde remitir un correo clave. La respuesta fue elocuente: “al Gmail”.
Tras recibir dicho correo, la cuenta fue eliminada. No existe ningún mensaje exculpatorio, ninguna evidencia que permita reconstruir los motivos del Fiscal. Solo queda el rastro de la orden y la desaparición de los medios por los cuales se ejecutó. Es lo que los juristas denominan pruebas indiciarias, es decir, indicios serios que no han podido ser desmentidos.
La nota que lo cambió todo
Los hechos se remontan al 14 de marzo de 2024. Tras la publicación de una información en El Mundo sobre un supuesto ofrecimiento de pacto por parte de la Fiscalía a González Amador, García Ortiz ordenó elaborar una nota aclaratoria para defender el relato de que fue la defensa del imputado quien buscó el acuerdo y no la Fiscalía.
Esa nota fue redactada tras una cadena de llamadas, mensajes y presiones, en una actuación calificada como “sin precedentes” por expertos fiscales. “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla”, escribió el Fiscal General a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, por WhatsApp. Horas después, la nota se difundía a los medios.
