El Gabinete: ¿Qué supuso la Ley Mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy?

Seis años después de la entrada en vigor de la Ley Mordaza con el Gobierno de Mariano Rajoy, PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para derogarla. Se sumará ese acuerdo a la proposición de ley que impulsa el PNV, que viene insistiendo en la necesidad de acabar con aquella norma que recortó derechos ciudadanos cuando arreciaba el malestar y la protesta social.

La ley fue objeto de varios recursos por parte de distintos partidos de la oposición y el Supremo acabó avalando casi toda la norma el año pasado.

Con el acuerdo que se ha alcanzado en el Gobierno de coalición, entre otras modificaciones, ya no se van a sancionar las manifestaciones sin previo aviso, siempre y cuando no generen violencia o desórdenes públicos. Tampoco será sancionable la toma de imágenes de protestas o de intervenciones policiales, siempre que el derecho a la intimidad de los funcionarios no se vea vulnerado.

¿Qué supuso la ley mordaza?

La Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ​ conocida popularmente como Ley Mordaza, ​​ es una ley orgánica española que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Sin embargo, el proceso legislativo había arrancado tres años antes, después de las protestas del 15M, del auge del movimiento antidesahucios y de varias huelgas generales.

Entre los puntos claves estuvo las llamadas, "devoluciones en caliente". En su disposición final primera, esta norma recoge que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Solo entre 2017 y 2018, se habían llevado a cabo casi 1.300 de estas devoluciones.

También se incluyeron en esta ley, multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. Hasta finales de 2019, justo antes de la pandemia, se habían puesto más de un millón de multas por este motivo.

Además, se prohibió rodear el Congreso, parar desahucios y consumir alcohol o drogas.

La norma preveía la creación de un Registro General de Infractores para controlar a los reincidentes, así como la prohibición de difundir imágenes de agentes, el valor probatorio de la palabra del policía frente a la del ciudadano y la identificación y el cacheo preventivos.