El propio Mario Draghi firma este documento en el que se deduce que la nueva ley anti desahucios española se queda corta puesto que expulsar de su vivienda a cualquier familia siempre debiera ser el último recurso. Los propios bancos, dice el BCE, debieran ser los primeros interesados en evitarlos, reduciendo al mínimo el posible “riesgo moral”.
Que tenga que ser el Banco Central Europeo el que recuerde al gobierno español que se haga frente a los retos que supone el cambio de circunstancias económicas de los hipotecados, tiene su qué. Sobre todo porque el BCE, que se sepa, no figura en la lista de los peligrosos “antisistema”. Más bien es el representante más ortodoxo del mismo.
A ver si el gobierno toma nota. No sea que precisamente en esta cuestión, apele a su soberanía e independencia.
