La Guardia Civil ha detenido a 63 personas, la mayor parte de ellas francesas, italianas y británicas, relacionadas con la macrofiesta ilegal denominada 'Big Fucking Party', llevada a cabo en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), desarrollada entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de este año.
El macroevento, no comunicado, ni autorizado, ha congregado unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y alrededor de 3.500 personas, llegadas desde distintos puntos de España y de Europa, principalmente Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.
Ahora, el alcalde de Férez, en Albacete, se encuentra a la espera de conocer cuál será el plan de limpieza de la zona del embalse, que se encuentra en su localidad. Se llama Francisco Javier Jaime Espinosa y ha declarado que ha enviado a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Albacete una petición para conocer cómo se procederá a la limpieza de la zona -que es un terreno protegido-.
Ha precisado que la propietaria de los terrenos es la Confederación Hidrográfica del Segura y ha dicho que este mismo jueves ha habido en la zona agentes medioambientales evaluando el estado de los terrenos, donde los participantes en la rave ilegal han dejado grandes cantidades de basura, como se pueden ver en las imágenes que ha proporcionado la propia Guardia Civil en redes sociales.
El alcalde ha precisado que la basura está "recogida y amontonada" y ha confiado en que se pueda retirar "cuanto antes" porque es una zona de alto valor ecológico "y muy querida por los vecinos" de esta localidad de la Sierra del Segura de unos 600 habitantes.
63 detenidos por múltiples delitos
De los 63 detenidos, 20 de ellos lo fueron por participar en los disturbios contra agentes del Cuerpo ocurridos en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el grueso de una multitudinaria caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Otras 38 personas resultaron detenidas por participar directamente en la organización del evento ilegal, y las otras cinco por la comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención. Igualmente, se han intervenido 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura de soporte de la fiesta multitudinaria ilegal, que han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.
Así, la Guardia Civil ha confeccionado un total de 731 actas-denuncias por infracciones administrativas como tenencia de drogas o sustancias estupefacientes, posesión de armas prohibidas, protección de animales de compañía, protección del medio ambiente o en materia de seguridad vial.
Gracias a los miles de pruebas de alcohol y drogas realizadas a los conductores que abandonaban la macrofiesta hacia sus lugares de origen, se ha evitado un grave perjuicio para la seguridad vial al impedir que 287 personas que conducían bajo la influencia del alcohol o de las drogas pudieran incorporarse a las carreteras con el evidente peligro para el resto de usuarios.
Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad albaceteña de Hellín.
El peligro de este tipo de eventos: de la seguridad a la salud pública
La ilegalidad de este tipo de eventos no solo reside en la falta de autorizaciones, sino que supone un riesgo para la seguridad ciudadana, la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente. Por un lado, por la falta de todo tipo de prevenciones de seguridad para los asistentes a lo que la organización de cualquier evento lúdico o festivo está obligada, como son servicio médico, limpieza, instalaciones sanitarias o vigilancia interior de seguridad privada.
Todos estos servicios esenciales que debe proporcionar la entidad o personas organizadoras, repercuten en la seguridad física de los asistentes, puesto que no existe un plan de emergencias ni de evacuación y se limita la reacción cercana ante eventuales problemas sanitarios, de higiene o de convivencia.
Además, el consumo de drogas y alcohol que se produce en este tipo de eventos supone un evidente riesgo para la seguridad vial, prueba de ello son los casi 300 conductores que han dado positivo al consumo de estas sustancias en los controles establecidos.
Por otro lado, a la ausencia de medidas de reducción del impacto medioambiental y el perjuicio que estas actividades han supuesto para la flora y fauna, se suma que el lugar elegido por los organizadores está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tratándose además de un terreno inestable e inundable.
