La Policía ha informado de que las investigaciones se iniciaron en noviembre a partir de las denuncias de varios rumanos, quienes afirmaban haber sido engañados por un ciudadano búlgaro afincado en España que les ofrecía en internet unas condiciones de trabajo en labores de agricultura que no resultaban ser reales.
En concreto, una de las víctimas relató que había venido a España junto a su familia para trabajar en el sector agrícola y que, una vez en el país, "las condiciones pactadas no se cumplieron en lo referente a los sueldos.
Le llegaron a deber 5.000 euros tanto a él como a su familia, pese a que las jornadas llegaban a las 12 o 14 horas diarias, siendo además alojados en condiciones de hacinamiento e insalubridad, llegando a compartir baño, habitación e incluso colchón" con 17 personas.
Según el denunciante, "eran frecuentes los insultos mientras trabajaban", así como la "violencia física hacía las cuadrillas de trabajadores", por parte del ciudadano búlgaro, al que también acusan de "obligar a dos mujeres a tener relaciones sexuales con los responsables de la empresa para la que trabajan.
Además, siempre según el denunciante, éstas "fueron ofrecidas para mantener relaciones sexuales a los dueños de los campos donde estaban trabajando en labores agrícolas".
Las investigaciones llevaron a los agentes hasta el ciudadano búlgaro, que trabajaba para una pareja de hermanos empresarios de origen ucraniano afincados en Palma del Río (Córdoba), para quienes era presuntamente "el encargado de localizar, captar y reclutar a los trabajadores".
Las denuncias permitieron identificar a uno de los empresarios, quien "mantenía numerosas conversaciones con empresarios del sector agrícola, así como con responsables de cuadrillas de trabajadores que estaban a sus órdenes", y que era "conocedor de que muchos trabajadores no contaban con la documentación oportuna para la actividad laboral".
También se le acusa de vender contratos de trabajo para que terceros obtuvieran prestaciones sociales o regularizasen su situación en España, un trámite en el que se ha detectado que "podría estar falsificando el importe de facturas a fin de que sobre las mismas no se realizase el correspondiente ingreso en concepto de IVA en cuentas públicas".
La Policía Nacional llevó a cabo un operativo policial en el que catorce personas han sido detenidas por delitos relacionados con la Trata de Seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los extranjeros y fraude a la seguridad social entre otros.
En el registro realizado en la sede de la empresa en Palma del Río (Córdoba), los agentes han intervenido diversa documentación, discos duros y varios teléfonos móviles.
En tres inspecciones laborales se han identificado a 66 personas, entre responsables y trabajadores, de nacionalidad española, rumana y búlgara, cuatro de los cuales no habían obtenido el certificado de ciudadanos de la Unión Europea por lo que no podían estar dados de alta en la Seguridad Social.
